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EEUU ofrece hasta 100 mdd por construir 5 kilómetros de muro fronterizo

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Estados Unidos anunció este viernes que abrirá un concurso público para adjudicar un contrato con valor de entre 25 y 100 millones de dólares (mdd) para el diseño y construcción de un muro de cinco kilómetros cerca del Río Bravo, que sirve de frontera natural entre EEUU y México.

El Gobierno estadounidense dio a conocer el proceso de licitación, que se abrirá oficialmente en una fecha cercana al 25 de febrero, en la web Oportunidades Federales de Negocio, donde se publican todas las ofertas de contratos a nivel federal por valor superior a 25 mil dólares.

Según figura en el anuncio, el contrato incluye la construcción de un muro de dique de 3 millas (4.8 kilómetros) en territorio estadounidense y cerca del río Bravo, así como la instalación de cables de fibra óptica, un sistema de iluminación y la construcción de un camino para poder patrullar la frontera.

Las empresas interesadas podrán entregar sus solicitudes en una fecha cercana al 25 de febrero, cuando se abra el concurso, y el resultado de la competición se publicará el 6 de mayo, momento a partir del cual se abrirá un periodo de aproximadamente 300 días para evaluar la eficacia de cada proyecto.

La construcción se financiará con los fondos aprobados por el Congreso para el año fiscal 2018 (del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018), según figura en el anuncio.

En mayo de 2017, el presidente de EEUU, Donald Trump, formuló una petición presupuestaria al Congreso que incluía 2 mil 700 millones de dólares para tecnología y para la planificación, diseño y construcción del muro fronterizo con México, una de sus promesas estrella durante la campaña electoral de 2016.

Esa petición presupuestaria incluía la construcción de 32 millas (51.5 kilómetros) de nueva construcción de muro en el sector del valle del río Bravo (sur de Texas) y otras 28 millas (45 kilómetros) de muro de dique en esa misma zona, a la orilla del peligroso río por donde los inmigrantes tratan de cruzar en balsas o a nado.

La nueva obra de 5 kilómetros se incluye dentro de esos 28 kilómetros presupuestados para construir muro de dique.

El Gobierno de EEUU también usó el mismo proceso de licitación para seleccionar a las seis empresas que se han encargado de construir los ocho prototipos del muro cerca de San Diego (California), en un terreno situado a escasos metros de la actual banda que divide Otay Mesa (California, EEUU) y Tijuana (México).

Esos prototipos fueron financiados con 20 millones de dólares que el Congreso otorgó a Trump en el ciclo presupuestario anterior.

Hasta ahora, el Congreso se ha resistido a otorgar a Trump los fondos suficientes para alzar el muro y, por ello, la propia Casa Blanca ha puesto sobre la mesa la oferta de regularizar la situación de 1.8 jóvenes indocumentados a cambio de 25 mil millones para el muro y seguridad fronteriza.

El Congreso de EEUU aprobó esta madrugada una ley para financiar la Administración estadounidense hasta el 23 de marzo, un texto que dará tiempo a los legisladores para ultimar los detalles del presupuesto y determinar a qué se destinan los fondos federales durante los próximos dos años fiscales.

En ese proceso de redacción de un presupuesto para dos años, el Congreso deberá determinar cuántos fondos otorga finalmente al muro.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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