Estados Unidos decidió este lunes no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250 mil salvadoreños beneficiados por este programa, según adelantó el diario The Washington Post.

Está previsto que este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncie si cancela o prorroga el TPS en una llamada de prensa, una decisión que afecta a un total de 263 mil 282 salvadoreños.

Sin el programa, estos salvadoreños tendrán que volver a su país de origen, la mayoría tras alrededor de 20 años en Estados Unidos, tratar de buscar otra vía para su regularización o arriesgarse a la deportación si se quedan como indocumentados.

Según el Post, el plazo que el gobierno del presiente Donald Trump dará a los salvadoreños acogidos al TPS para abandonar el país o para buscar otra manera de obtener la residencia legal es septiembre de 2019.

El gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes vienen batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como el gobierno hizo con el programa para los hondureños.

Sin embargo, el ejecutivo de Trump, según el Post, ha decidido aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar con el programa para los salvadoreños, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.

Estados Unidos decidió conceder esta protección a los salvadoreños que estaban en el país en febrero de 2001 tras los devastadores huracanes que sufrió ese año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes, en los años 1980 y 1990, huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.

Bajo la Presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), el Congreso de Estados Unidos estableció un procedimiento que permite al gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales: el TPS.

Ese permiso no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el gobierno de Estados Unidos decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tienen que regresar a su país de origen o enfrentarse a la deportación si se quedan como indocumentados.

El argumento de los defensores de mantener el TPS 17 años después de los terremotos por los que fue otorgado es que las condiciones en El Salvador, con alta pobreza y criminalidad, no han mejorado para que sus emigrantes en Estados Unidos regresen.

Pero además, recuerdan que más del 51 por ciento de los salvadoreños con TPS han vivido en Estados Unidos durante al menos 20 años, según el Centro para los Estudios sobre la Migración.