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Ejidatarios piden a Clouthier y Durazo intervenir para terminar el conflicto ejidal

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La asamblea del ejido El Bajío del municipio de Caborca acordó buscar a Alfonso Durazo Montaño, próximo Secretario de Seguridad Pública, y a Tatiana Clouthier Carrillo para solicitar sus intervenciones y poner alto al despojo de sus tierras por parte de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.

Los acuerdos de la asamblea de ejidatarios fueron enviados a Proceso. En ellos se destaca que los campesinos ya intentaron reunirse con Andrés Manuel López durante su visita a Puerto Peñasco en el año 2016, sin tener éxito.

“Lo buscamos para solicitar su intervención para que finalmente se pueda dar solución a la grave problemática legal que enfrentamos desde el año 2009”, dijo a Apro un vocero del ejido.

Añadió que confían que ahora sí se pueda dar una solución a través de Tatiana Clouthier y Alfonso Durazo, ya que éste último, en reiteradas ocasiones, ha condenado públicamente los constantes abusos del gobierno de Sonora encabezado por Claudia Pavlovich.

El representante de los ejidatarios señaló a Rafael Pavlovich como responsable del despojado de las tierras a los campesinos, a quienes ha mandado a encarcelar, a amenazar y dijo que tienen fundamentos para responsabilizarlo de la desaparición de tres campesinos, entre ellos el presidente del ejido El Bajío.

“Realmente la problemática data desde 1998 , fecha en que e Grupo Peñoles de Alberto Bailleres González a través de sus socia Minera Penmont ocupó ilícitamente las tierras ejidales valiéndose del inmenso poder económico y político con el que cuentan”, informó el ejidatario.

Tras un largo litigio ante un Tribunal Agrario para recuperar sus tierras, el ejido El Bajío lo ganó y la minera estadunidense Penmont fue sancionada por la explotación ilegal de las tierra para sacar oro. El fallo del Tribunal decretado por el magistrado Manuel Loya Valverde emitió varias sentencias que condenaban a la minera socia de Alberto Bailléres a la devolución del oro extraído y a la restitución de las tierras a los ejidatarios, entre otras obligaciones.

El vocero de los ejidatarios informó que la resolución no fue cumplida y desde el Senado de la República se realizó la defensa de la Minera Penmont S. de R.L de C. V. y el responsable de la defensa legal de la minera fue el senador Ernesto Gándara Camou.

“En la pasada contienda electoral Gándara Camou realizó campaña contra Andrés López Obrador y a favor de los otros candidatos”, precisó el representante de los campesinos.

“El ejido El Bajío ha tenido que lidiar contra la corrupción de todos los niveles de gobierno, desde funcionarios como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional que boicotea nuestras acciones en lo posible, magistrados agrarios corruptos, jueces estatales corruptos que giran órdenes de captura por encargo, hostigamientos parte de la policía estatal y de forma intermitente por elementos del ejército”, añadió.

“No existe pues el Estado de Derecho para las clases vulnerables ya que las instituciones están al servicio del dinero, pero no por eso claudicaremos sino que continuaremos hasta alcanzar la justicia”, aseguró el vocero.

Fuente: Proceso

Política

Expone Oscar Avitira daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por operaciones de extracción de empresa ASPA

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• Se han visto afectadas colonias de la zona poniente cerca de Camino Real, como los Ojitos y las aledañas a la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 9 de febrero de 2026. – El diputado, Oscar Avitia Arellanes, denuncio la problemática que viven los vecinos de la zona poniente en Ciudad Juárez quienes fueron afectados derivado de las operaciones de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) quienes han realizado voladuras con explosivos, durante años, lo que ha generado daños estructurales en las viviendas de los vecinos de dicha área fronteriza.

El legislador explicó que las operaciones de la empresa ASPA, que se ubica a un costado del Camino Real, a la altura de la Colonia los Ojitos, se relacionan con la industria de la construcción de vías terrestres, carreteras, pavimentación, urbanización, terracerías, entre otros; y desde finales de 2021, ha realizado voladuras con explosivos en sus operaciones de extracción de materiales en la zona poniente, cerca de la Sierra de Juárez.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia los Ojitos, así como en áreas aledañas”, dijo.

Oscar Avitia, señaló que estos hechos no han quedado en el pasado ya que las quejas persisten, las vibraciones regresan una y otra vez, y en las últimas semanas los vecinos han vuelto a sentir el estruendo que les roba la paz, el sueño y la seguridad.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras quienes ven vulnerados sus derechos”, enfatizó.

Como parte de dicho acuerdo, esperamos contar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas a fin de hacer a las siguientes autoridades para los siguientes fines:

? A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para verificar el cumplimiento estricto de normas federales en el manejo y uso de explosivos por parte de ASPA.
? A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para evaluar impactos en la salud pública posiblemente derivados de las operaciones de dicha empresa.
? A la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, para inspecciones técnicas urgentes y evaluación de riesgos estructurales en viviendas afectadas.
? A la Dirección de Ecología del Municipio, para supervisar emisiones de ruido, vibraciones y otras.
? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para revisar autorizaciones ambientales y aplicar sanciones si es que proceden.
? A la Fiscalía General del Estado para otorgar a quienes interpongan su denuncia, facilidades y seguimiento a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Finalmente, Oscar Avitia exigió prioridad absoluta en la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses, ya que ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de las y los juarenses.

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