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Ejidatarios piden a Clouthier y Durazo intervenir para terminar el conflicto ejidal

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La asamblea del ejido El Bajío del municipio de Caborca acordó buscar a Alfonso Durazo Montaño, próximo Secretario de Seguridad Pública, y a Tatiana Clouthier Carrillo para solicitar sus intervenciones y poner alto al despojo de sus tierras por parte de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.

Los acuerdos de la asamblea de ejidatarios fueron enviados a Proceso. En ellos se destaca que los campesinos ya intentaron reunirse con Andrés Manuel López durante su visita a Puerto Peñasco en el año 2016, sin tener éxito.

“Lo buscamos para solicitar su intervención para que finalmente se pueda dar solución a la grave problemática legal que enfrentamos desde el año 2009”, dijo a Apro un vocero del ejido.

Añadió que confían que ahora sí se pueda dar una solución a través de Tatiana Clouthier y Alfonso Durazo, ya que éste último, en reiteradas ocasiones, ha condenado públicamente los constantes abusos del gobierno de Sonora encabezado por Claudia Pavlovich.

El representante de los ejidatarios señaló a Rafael Pavlovich como responsable del despojado de las tierras a los campesinos, a quienes ha mandado a encarcelar, a amenazar y dijo que tienen fundamentos para responsabilizarlo de la desaparición de tres campesinos, entre ellos el presidente del ejido El Bajío.

“Realmente la problemática data desde 1998 , fecha en que e Grupo Peñoles de Alberto Bailleres González a través de sus socia Minera Penmont ocupó ilícitamente las tierras ejidales valiéndose del inmenso poder económico y político con el que cuentan”, informó el ejidatario.

Tras un largo litigio ante un Tribunal Agrario para recuperar sus tierras, el ejido El Bajío lo ganó y la minera estadunidense Penmont fue sancionada por la explotación ilegal de las tierra para sacar oro. El fallo del Tribunal decretado por el magistrado Manuel Loya Valverde emitió varias sentencias que condenaban a la minera socia de Alberto Bailléres a la devolución del oro extraído y a la restitución de las tierras a los ejidatarios, entre otras obligaciones.

El vocero de los ejidatarios informó que la resolución no fue cumplida y desde el Senado de la República se realizó la defensa de la Minera Penmont S. de R.L de C. V. y el responsable de la defensa legal de la minera fue el senador Ernesto Gándara Camou.

“En la pasada contienda electoral Gándara Camou realizó campaña contra Andrés López Obrador y a favor de los otros candidatos”, precisó el representante de los campesinos.

“El ejido El Bajío ha tenido que lidiar contra la corrupción de todos los niveles de gobierno, desde funcionarios como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional que boicotea nuestras acciones en lo posible, magistrados agrarios corruptos, jueces estatales corruptos que giran órdenes de captura por encargo, hostigamientos parte de la policía estatal y de forma intermitente por elementos del ejército”, añadió.

“No existe pues el Estado de Derecho para las clases vulnerables ya que las instituciones están al servicio del dinero, pero no por eso claudicaremos sino que continuaremos hasta alcanzar la justicia”, aseguró el vocero.

Fuente: Proceso

Acontecer

Canaco lamenta presunta participación de elementos de la Guardia Nacional en homicidio

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El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, calificó como lamentable que elementos de la Guardia Nacional estén presuntamente involucrados en acciones de sicariato, luego de que se diera a conocer la detención de dos personas relacionadas con un homicidio, identificadas como un oficial en funciones y un exoficial por deserción de dicha corporación.
Señaló que el Ejército y la Guardia Nacional han sido históricamente símbolos de respeto para la ciudadanía, por lo que este tipo de casos impactan de manera directa en la percepción social y en la confianza hacia las autoridades. Indicó que, en algunos contextos, la población ha comenzado a sentir temor ante la presencia de elementos armados, en lugar de seguridad.
Lazzarotto recordó que durante el año pasado se registraron quejas por trato agresivo de algunos elementos, situación que fue comunicada a la autoridad local y, aseguró, derivó en acciones correctivas, ya que no se volvieron a presentar denuncias similares. Reiteró que el sector empresarial está en contra de cualquier práctica que atente contra la legalidad.
De acuerdo con información de la Fiscalía de la Zona Centro, los detenidos como presuntos responsables del homicidio fueron identificados como Eduardo Miguel M. C., oficial en funciones de la Guardia Nacional, y Jesús Eduardo M., exoficial que habría desertado de la corporación. Los datos serán clave para el deslinde de responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

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