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Ejidatarios piden a Clouthier y Durazo intervenir para terminar el conflicto ejidal

La asamblea del ejido El Bajío del municipio de Caborca acordó buscar a Alfonso Durazo Montaño, próximo Secretario de Seguridad Pública, y a Tatiana Clouthier Carrillo para solicitar sus intervenciones y poner alto al despojo de sus tierras por parte de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.

Los acuerdos de la asamblea de ejidatarios fueron enviados a Proceso. En ellos se destaca que los campesinos ya intentaron reunirse con Andrés Manuel López durante su visita a Puerto Peñasco en el año 2016, sin tener éxito.

“Lo buscamos para solicitar su intervención para que finalmente se pueda dar solución a la grave problemática legal que enfrentamos desde el año 2009”, dijo a Apro un vocero del ejido.

Añadió que confían que ahora sí se pueda dar una solución a través de Tatiana Clouthier y Alfonso Durazo, ya que éste último, en reiteradas ocasiones, ha condenado públicamente los constantes abusos del gobierno de Sonora encabezado por Claudia Pavlovich.

El representante de los ejidatarios señaló a Rafael Pavlovich como responsable del despojado de las tierras a los campesinos, a quienes ha mandado a encarcelar, a amenazar y dijo que tienen fundamentos para responsabilizarlo de la desaparición de tres campesinos, entre ellos el presidente del ejido El Bajío.

“Realmente la problemática data desde 1998 , fecha en que e Grupo Peñoles de Alberto Bailleres González a través de sus socia Minera Penmont ocupó ilícitamente las tierras ejidales valiéndose del inmenso poder económico y político con el que cuentan”, informó el ejidatario.

Tras un largo litigio ante un Tribunal Agrario para recuperar sus tierras, el ejido El Bajío lo ganó y la minera estadunidense Penmont fue sancionada por la explotación ilegal de las tierra para sacar oro. El fallo del Tribunal decretado por el magistrado Manuel Loya Valverde emitió varias sentencias que condenaban a la minera socia de Alberto Bailléres a la devolución del oro extraído y a la restitución de las tierras a los ejidatarios, entre otras obligaciones.

El vocero de los ejidatarios informó que la resolución no fue cumplida y desde el Senado de la República se realizó la defensa de la Minera Penmont S. de R.L de C. V. y el responsable de la defensa legal de la minera fue el senador Ernesto Gándara Camou.

“En la pasada contienda electoral Gándara Camou realizó campaña contra Andrés López Obrador y a favor de los otros candidatos”, precisó el representante de los campesinos.

“El ejido El Bajío ha tenido que lidiar contra la corrupción de todos los niveles de gobierno, desde funcionarios como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional que boicotea nuestras acciones en lo posible, magistrados agrarios corruptos, jueces estatales corruptos que giran órdenes de captura por encargo, hostigamientos parte de la policía estatal y de forma intermitente por elementos del ejército”, añadió.

“No existe pues el Estado de Derecho para las clases vulnerables ya que las instituciones están al servicio del dinero, pero no por eso claudicaremos sino que continuaremos hasta alcanzar la justicia”, aseguró el vocero.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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