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El 31 de marzo es el plazo para que las personas morales entreguen su Declaración Anual

Los Contadores Público, Claudia Verónica Escobar Sánchez y Jaime Heredia Gutiérrez, gerentes de la firma Deloitte, fueron los encargados de impartir dicha plática informativa para los socios del ICCPCH y público en general.

Dentro de la Declaración Anual, uno de los cambios más relevantes se registró en la Facturación Electrónica, pasando de la versión 3.2 a la 3.3 y que es aplicable para el ejercicio 2018, asimismo para el CFDI de nómina, se actualizó la versión de la 1.1 a la 1.2, lo que obliga a los contribuyentes a emitir la nueva versión de la nómina para que pueda ser un gasto deducible para ellos.

Así lo explicó Verónica Escobar, quien agregó que este tipo de cambios lejos de agilizar los procesos, complican la administración para el contribuyente, pues no todos tienen la capacidad para administrar los cambios electrónicos en la facturación.

Por tal motivo manifestó que estas últimas actualizaciones que se vienen dando desde 2017, van dirigidas especialmente para una mejor administración y control de la autoridad y no tanto en beneficio de los contribuyentes.

“A partir del 2017 se dejaron de presentar la declaraciones informativas que se tenían que presentar de retención, lo que ayuda un poco porque la determinación de la Declaración Anual, son ingresos, gastos y deducciones y dentro de estas últimas se tenían que presentar las informativas para que pudieran ser gastos deducibles y ahora ya no se tienen que presentar”, añadió.
Por su parte Jaime Heredia, señaló que para el gremio de la contaduría, es de suma importancia que se encuentren actualizados porque últimamente el SAT ha realizado muchos cambios de manera
electrónica y los contadores se deben adaptar para poder prestar un servicio de excelencia a todos los clientes y empresas contribuyentes.

Finalmente expresó que es común escuchar que la autoridad mencione que facilita a los contribuyentes con dichas reformas, sin embargo todos estos cambios pudieran causar un efecto contrario, pues se puede llegar a obligar a los contribuyentes a que contraten los servicios de contadores, pues los sistemas terminan siendo poco claros para muchas personas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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