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México

El amigo de Duarte y ex gobernador de Nayarit es buscado con orden de aprehensión

La Fiscalía General de Justicia de Nayarit giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de ese estado, Roberto Sandoval, a quien se le acusa de presunto enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho.

Solicitan ficha roja de Interpol para el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval

La Fiscalía informó que, con la misma fecha, del 4 de noviembre, se giró un oficio de colaboración a la Guardia Nacional, a las entidades federativas, a la FGR y a las correspondientes alertas migratorias. Además, se hizo la solicitud de ficha roja de Interpol, para su búsqueda y detención.

Se considera de interés público informar sobre el estatus de prófugo de la justicia de Sandoval Castañeda, para que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento.

Fiscalía General de la República

El exgobernador Sandoval no está en Nayarit

Información de inteligencia de la Fiscalía precisa que el exgobernador no se encuentra ya en Nayarit y que, en días recientes, estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que “presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra”.

Por otra parte, se informó que “el día de hoy, también en cumplimiento de un amparo, se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, del cual se condujo como dueño y de los que se acreditó como destinatario final, aunque estén a nombre de testaferros”.

Además, se ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit, como reparación del daño.

Antecedentes del exgobernador Sandoval

Antes, en junio de 2019, se informó que autoridades de Estados Unidos (EU) y México congelaron cuentas bancarias a 42 personas, incluidos el exgobernador de NayaritRoberto Sandoval Castañeda, y el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su momento, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que la unidad que preside bloqueó las cuentas ligadas al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.

Nieto Castillo informó que el exmandatario también fue agregado a la lista negra del Departamento de Estados Unidos por los delitos de corrupción.

Sandoval Castañeda se le vincula con el exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y se le acusa, además, de actos de corrupción y de recibir sobornos del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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