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El caso de Puebla puede manchar todo el proceso electoral: Córdova

Las elecciones de Puebla, en las que prevalecen acusaciones de alteración de boletas falsas, podrían manchar a toda la elección del domingo 1 de julio, de acuerdo con Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.

“El caso de Puebla es importante circunscribirlo es una disputa por el poder local, toda la disputa está centrada en el ámbito local. No es una responsabilidad del INE, por supuesto que aunque no seamos responsables, éste caso puede manchar por entero el proceso nacional, la fiesta cívica que tuvimos el domingo pasado”, indicó Córdova en el programa La Silla Roja conducido por Leonardo Kourchenko.

Detalló que se registraron balaceras en varias casillas del estado, sobre todo en la capital.

“La coordinación implicó un despliegue de fuerza. Hice una llamada al gobernador, de que su gobierno, que es responsable de la paz pública, hiciera lo que tuviera que hacer”, señaló.

Agregó que si hay delitos, tienen que sancionarse de manera ejemplar para que no se ponga en riesgo todo el proceso electoral.

Agregó que el clima de violencia en el país no impidió que el proceso electoral se llevara a cabo y que sólo 15 casillas no se instalaron por conflictos sociales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas.

“La violencia no empañó, no obstruyó el proceso electoral, salvo algunos casos, fue una jornada donde los mexicanos pudimos ir a votar en paz”, argumentó.

Respecto a las ‘robollamadas’ contra Andrés Manuel López Obrador, señaló que no hay único responsable y este caso podría derivar en un procedimiento ante las autoridades.

“Descubrimos que no hay un único responsable de call center, emitimos medidas cautelares, algunas de ellas se respetaron y eso implica la apertura de un procedimiento. No sabría decir si (hacer robollamadas) es ilegal, pero detrás de eso hay dinero y si no se reportó (como parte de los gastos de campaña) es sancionable per se”.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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