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Resto del mundo

El Chapo ganó la partida de póker a la James Bond

El fiscal federal se opone a que los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán presenten evidencias durante el juicio sobre la operación antinarcóticos que se llevó a cabo en 2009 bajo la dirección y autoridad del Departamento de Justicia conocida con el nombre de “Operación Rápida y Furiosa”. Esta Operación fue concebida en gran secreto, tipo a la James Bond, para arrestar a los que ilegalmente vendían y compraban armas a lo largo de la frontera. Se planeó el enviar armas de fuego, con el previo permiso del Departamento de Justicia, a carteles mexicanos, con la misión de identificar, investigar y eliminar a los grupos que traficaban con armas. Siguiendo la pista de estas armas, después de que hubieran sido introducidas de contrabando en México, querían conocer las redes, el transporte y paradero de las armas. De alguna manera planeaban vincular las armas con el cartel que las llegara a usar en la frontera para matar a diestra y siniestra a sus enemigos. No se sabía en esa época si las armas llegaban al cartel de Sinaloa o llegaban a los zetas o a qué otro cartel llegaban.

Pero la Operación fue un desastre. Las autoridades de los EEUU perdieron el rastro de unas 2,000 armas cuando estas pasaron la frontera de contrabando. Había armas tan poderosas que podían derribar helicópteros, destruir aviones comerciales y atravesar vagones de ferrocarril, pero todas estas armas se perdieron y se cree que cayeron en manos del Chapo, pero nunca se supo en realidad qué pasó con todos los cargamentos de armas de gran calibre y con una feroz potencia destructiva.

Esta Operación se encuentra entre las más épicas y famosas operaciones en los anales de la historia de la lucha en contra de los narcotraficantes. Fue uno de los primeros escándalos en el que se vio involucrado en aquel entonces el presidente Barack Obama, lo que explica por qué el fiscal federal le pide ahora al juez en Brooklyn que ordene por tercera vez a los abogados del Chapo que no pueden hacer ninguna mención sobre la famosa Operación durante el juicio. Argumenta el fiscal que esa Operación es irrelevante para el asunto del Chapo, que el abogado defensor simplemente está tratando de engañar al jurado, perjudicando y contaminando las evidencias a favor del Chapo ante los ojos del jurado.
Con que uno (1) de los doce (12) miembros del jurado escuche al abogado defensor y crea en lo que dice pudiera resultar que todo el asunto en contra del Chapo se desmorone.

El abogado defensor del Chapo argumenta que, si el fiscal presenta evidencias de armas que supuestamente usaba El Chapo, entonces el abogado defensor tiene el derecho de explicar cómo fue que estas armas fueron enviadas de contrabando a México y cómo el arma que el fiscal quiere introducir como evidencia ha sido identificada como una de las armas que entraron en la Operación “Rápida y Furiosa” a México. El abogado defensor quiere que el jurado escuche que el Departamento de Justicia no solo metió de contrabando a México más de 2 mil pero quisiera también argumentar al jurado que piensen seriamente si es posible que armas tan poderosas de verdad pueden haberse perdido o si el Departamento de Justicia de alguna manera también estaba coludido con los carteles. Este ataque al fiscal sería una lucha a muerte.

El juez será quien decida si autoriza que se mencione la Operación “Rápida y Furiosa” para que el jurado la tenga en cuenta cuando delibere si El Chapo es culpable o de otra manera el juez decidirá no autorizar a que el abogado defensor mencione la Operación en ningún momento y no pueda comentar ni una sola palabra de cómo fue que más de 2 mil armas de alto calibre llegaron a los carteles en México cómo si estas de verdad fueron enviadas por Santa Claus como regalo de navidad.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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