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México

El día que el Chapo intentó su libertad por 50 millones de dólares

Era el 8 de enero de 2016 y un oficial de la ahora extinta Policía Federal (PF) realizó en Los Mochis, Sinaloa, una detención fortuita que llevaría al llamado juicio del siglo: arrestó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se había protagonizado una espectacular fuga de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y asu jefe de sicarios Orso Iván Gastélum, El Cholo.

El día que El Chapo Guzmán fue detenido por tercera ocasión, el agente de la División de Seguridad Regional, al que por razones de seguridad se identifica como Tiburón tenía la asignación de realizar tareas de vigilancia en la carretera Los Mochis-Navojoa cuando recibió la orden de estar la pendiente de un auto Focus rojo que había sido robado y que probablemente se dirigía a ese punto.

Tal como se lo habían advertido, vislumbró el auto y le puso el alto sin saber que a bordo viajaban Guzmán Loera y El Cholo, del cártel de Sinaloa, quienes habían logrado burlar el cerco de la Marina escapándose por una alcantarilla.Iván Gastélum trató de intervenir a favor de su jefe (Foto: AP)Iván Gastélum trató de intervenir a favor de su jefe (Foto: AP)

«Comandante dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (…) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida”, le habría dicho El Chapo Guzmán al agente, según el diario Milenio, que tuvo acceso a las declaraciones de Tiburón, que forma parte de un recuento de historias de éxito, heroísmo, tragedia y sobrevivencia acumuladas en el blog de la PF, que desapareció este primer día del año para dar paso a la Guardia Nacional.

Ante la negativa del agente, El Cholo Iván también intentó intervenir a favor del Chapo al decirle al oficial “comandante, traigo al patrón, échenme la mano”.

Sin embargo, Tiburón los esposó y los subió a la patrulla y junto con su compañero los llevó a los dos a un hotel mientras llegaban los refuerzos.Para Guzmán Loera, esa detención marcaría su destino (Foto: REUTERS/Tomas Bravo)Para Guzmán Loera, esa detención marcaría su destino (Foto: REUTERS/Tomas Bravo)

“Ayúdeme y no va a volver a trabajar. Comandante, dígame qué quiere pero ya écheme la mano”, le dijo Guzmán Loera quien le ofreció como regalo, además del dinero, empresas que tenía en Sinaloa.

“Ahorita, espérese. Ahorita vemos qué hacemos”, le habría señalado el oficial, ante lo cual como respuesta recibió un “comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale”.

Sin embargo, las súplicas tampoco conmovieron al agente de la PF quien le habría respondido con un tajante “también entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó”.

El resto de la historia es de todos conocida, Guzmán Loera y El Cholo Iván fueron entregados a la Marina y enviados a cárceles de máxima seguridad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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