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“El Chapo” se niega a quedarse en la cárcel: apelará su sentencia a cadena perpetua

El fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, no está disputo a dar aún la batalla por perdida y ha decidido apelar la decisión judicial que hace un año lo condenó a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

El 18 de julio de 2019, el despiadado narcotraficante mexicano fue sentenciado a pasar el resto de su vida aislado en la cárcel Supermax de Colorado, conocida como “El Alcatraz de las Rocosas”. Guzmán tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial, momento que aprovechó para denunciar las condiciones de confinamiento que tuvo en Estados Unidos desde que fue extraditado (2017).

“Me han torturado las 24 horas del día durante 30 meses”, afirmó, para después, al final de su intervención decir que no se ha hecho justicia con él. También criticó al juez por no haber permitido un segundo juicio.

Jeffrey Lichtman, abogado del capo de la droga, aseguró que apelarían la condena. Tan sólo cinco días después de la sentencia del criminal, el defensor presentó la reclamación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito; sin embargo, el juez Brian Cogan la rechazó.

“El Chapo”, de 63 años, fue arrestado por última vez en enero de 2016 —antes escapó dos veces de prisión— y extraditado un año después, en 2017, a Estados Unidos. Un jurado popular le declaró culpable el 12 de febrero de 10 delitos penales tras 11 semanas de juicio. El más importante, por dirigir una organización criminal. Se completan con otros delitos como conspirar para distribuir droga, uso de armas de fuego, y blanqueo de dinero.Pese al arresto y enjuiciamiento de Joaquín Guzmán, el Cártel de Sinaloa sigue siendo considerada la organización criminal más importante dedicada al tráfico de droga en México.

El Departamento de Justicia estadounidense buscaba que Guzmán fuera sentenciada con la pena de cadena perpetua como líder principal de dicho cártel mexicano, y que le cayeron otros 30 años por violencia con armas de fuego.

El gobierno estadounidense solicitó, además, poder recuperar los USD 12.666 millones por los beneficios ilícitos que “El Chapo” obtuvo gracias al narcotráfico. El cálculo corresponde a las cantidades de droga sobre las que el jurado apoyó su veredicto a partir de las pruebas presentadas por la acusación y los testimonios de 14 testigos colaboradores, como sus ex socios Chupeta, Jorge Cifuentes o los hermanos Flores.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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