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El Chepe reiniciará operaciones con todas las medidas de protección y distanciamiento social

El tren turístico Chepe dejó de prestar servicio el 21 de marzo, en acato a las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Gobierno Federal ante la pandemia por COVID-19.

A lo largo de casi cuatro meses tanto el personal operativo como el administrativo se han capacitado y preparado para una mejor atención a los pasajeros ante la nueva normalidad. Además de que se aprovechó esta pausa para dar mantenimiento general al tren, así como para incorporar un coche adaptado especialmente para personas con discapacidad y nuevo comedor para la clase turista. EL tren está listo para reiniciar el servicio el próximo 17 de julio.

La empresa ha trabajado en un robusto Protocolo de seguridad e higiene, elaborado con base en los lineamientos dictados por el Gobierno Federal, así como de los Gobiernos de Chihuahua y Sinaloa. Este protocolo integra una serie de procedimientos que se realizarán diariamente a bordo del tren para garantizar la seguridad de los pasajeros. Entre las principales medidas están:

· La ocupación estará restringida sólo a 50% de la capacidad del tren.

· Equipo de protección personal para todo el personal a bordo (careta, cubrebocas y guantes). La salud de nuestro personal es monitoreada diario por médicos.

· El tren será desinfectado a profundidad diariamente. Durante el viaje el personal realizará de manera constante la limpieza de áreas comunes (pasamanos, cubiertas, asientos, etc.).

· Antes de subir al tren los pasajeros pasarán por un control sanitario en donde se les tomará la temperatura. El abordaje de llevará a cabo respetando la sana distancia y vigilando la utilización de cubrebocas (mismo que deben deberá usarse durante el viaje). El personal a bordo les indicará sus lugares que habrán sido previamente asignados para respetar el distanciamiento requerido.

· Se reforzaron aún más las medidas de higiene en los comedores del tren para que los usuarios puedan disfrutar de los alimentos que se han vuelto un referente de la experiencia a bordo.

Las personas que decidan cambiar sus boletos para fecha posterior deberán consultar las políticas en chepe.mx o llamar al call center 800 122 43 73 donde el personal está listo para atenderlos y buscar soluciones para ajustar sus itinerarios.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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