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El Congreso de Nuevo León confirma el regreso de Samuel García como gobernador

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Samuel García y Mariana Rodríguez en Gómez Palacio (Estado de Durango), el 25 de noviembre.Cuartoscuro

La batalla entre los dos gobernadores de Nuevo León se ha acabado. El Congreso estatal ha aprobado este lunes el regreso de Samuel García como gobernador. En un acuerdo de último minuto, primero Luis Enrique Orozco anunció su renuncia como mandatario sustituto. Ha argumentado que lo hace por falta de condiciones y para preservar la gobernabilidad en la entidad. En una sesión que ha durado poco menos de 20 minutos, los diputados neoloneses han aprobado por unanimidad la renuncia del sustituto. Acto seguido, han aprobaron por mayoría de votos la reincorporación del gobernador electo a sus funciones tras declinar la licencia de seis meses para contender como candidato a la presidencia de México. De este modo, se cierra la crisis política vivida durante los últimos días en el Estado norteño.

“El gobernador interino, en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia y anteponiendo el interés público, ha decidido hacerse a un lado a fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García”, ha anunciado el presidente del Congreso, Mauro Guerra, esta tarde. A pesar de aceptar el traspaso de poderes al anterior en el cargo, Guerra ha responsabilizado a García de la situación de tensión que ha vivido el Estado durante la última semana. “Para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad a la que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León”, le ha lanzado, muy lejos de las palabras de reconocimiento que le ha dedicado a Orozco por su “sus ganas de servir” y “su pronta respuesta al llamado del Congreso”.

El bloqueo por parte de la oposición para designar un sustituto afín mientras García se ocupaba de la precampaña fue el pistoletazo de salida a unos días de mucha incertidumbre. El aspirante emecista anunció a finales de la semana pasada su regreso fugaz para tratar de desbloquear la situación, pero el embrollo se fue complicando cada vez más. El PAN y el PRI hicieron valer su mayoría en el Congreso de Nuevo León y nombraron como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, exvicefiscal de entidad, cercano al PRI. En medio de este jaloneo, el Tribunal Electoral dio una buena noticia para los intereses de García, al reiterar que sus sustituto debía ser emanado de MC para dar continuidad al gobierno. Sin embargo, el día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el nombramiento y ordenó que Orozco jurase el cargo como gobernador interino de Nuevo León.

La respuesta de García a ese revés judicial fue abandonar formalmente la carrera presidencial, renunciar a la licencia y atrincherarse en el Palacio de Gobierno. El mandatario emecista acusó a los dirigentes nacionales del PAN y el PRI de haberle exigido altos mandos en la Administración y hasta la condonación de impuestos en las negociaciones para desbloquear a su sustituto. En concreto, la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior del Estado. El aval definitivo del Congreso se antojaba lejano al depender de una nueva negociación entre las mismas partes. Durante el fin de semana llegó incluso a retomar la agenda habitual de gobernador, inaugurando por ejemplo un puente en un municipio de la capital, Monterrey.

Durante todo el fin de semana, dos gobernadores reclamaron su puesto en Nuevo León. El elegido por las urnas, que defendía que una vez renunciado a su licencia ya estaba autorizado a regresar; y el sustituto, avalado por la Suprema Corte. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso este lunes acusando a la oposición de torpedear a García y calificando de “golpe de Estado” la posible caída del gobernador electo en favor del sustituto. Finalmente, Orozco se ha echado a un lado y las aguas han vuelto a su cauce.

México

Hacienda rechaza diagnóstico de The Economist sobre economía mexicana

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que la economía mexicana esté “rota”, como lo afirmó la revista inglesa The Economist en un reciente artículo, y sostuvo que dicha caracterización sobredimensiona factores coyunturales y minimiza las fortalezas estructurales del país.

El semanario publicó el texto titulado “Mexico’s broken economy”, en el que señaló que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el crecimiento económico fue de apenas 0.8 por ciento, el nivel más bajo desde la pandemia y el menor entre las principales economías de América Latina.

En respuesta, la dependencia federal indicó mediante un comunicado que este análisis no considera adecuadamente los choques externos que han afectado el desempeño económico reciente. Explicó que la moderación observada en 2025 responde a factores como cambios en la política comercial de Estados Unidos, la normalización de la política monetaria y un ajuste fiscal interno tras el gasto expansivo registrado en 2024.

La SHCP subrayó que los aranceles tuvieron un impacto directo en sectores específicos, particularmente en la industria automotriz, lo que restó alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto, pese a que las exportaciones en su conjunto continuaron creciendo.

Asimismo, cuestionó el análisis sobre la inversión pública presentado por la revista, al señalar que la caída de 28 por ciento citada se basa en datos presupuestarios y no en cuentas nacionales, lo que consideró una interpretación incompleta de las tendencias reales.

Sobre la informalidad, la Secretaría afirmó que su papel como principal obstáculo al crecimiento está sobredimensionado en el artículo, al destacar que este indicador ha mostrado una tendencia a la baja al pasar de 56.5 por ciento en 2018 a 54.3 por ciento en 2024, con un incremento marginal a 54.9 por ciento en 2025.

En materia de política salarial, la dependencia sostuvo que los incrementos al salario mínimo han contribuido al fortalecimiento del ingreso, con un aumento real superior al 150 por ciento desde 2018 y una reducción de la pobreza en más de 13 millones de personas.

Finalmente, señaló que la inversión pública en generación y transmisión eléctrica creció más de 25 por ciento en 2025, lo que ha permitido ampliar la capacidad y confiabilidad del sistema, junto con la implementación de nuevos esquemas para facilitar la participación privada en el sector. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta adicional por parte de la publicación.

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