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El Congreso de Nuevo León confirma el regreso de Samuel García como gobernador

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Samuel García y Mariana Rodríguez en Gómez Palacio (Estado de Durango), el 25 de noviembre.Cuartoscuro

La batalla entre los dos gobernadores de Nuevo León se ha acabado. El Congreso estatal ha aprobado este lunes el regreso de Samuel García como gobernador. En un acuerdo de último minuto, primero Luis Enrique Orozco anunció su renuncia como mandatario sustituto. Ha argumentado que lo hace por falta de condiciones y para preservar la gobernabilidad en la entidad. En una sesión que ha durado poco menos de 20 minutos, los diputados neoloneses han aprobado por unanimidad la renuncia del sustituto. Acto seguido, han aprobaron por mayoría de votos la reincorporación del gobernador electo a sus funciones tras declinar la licencia de seis meses para contender como candidato a la presidencia de México. De este modo, se cierra la crisis política vivida durante los últimos días en el Estado norteño.

“El gobernador interino, en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia y anteponiendo el interés público, ha decidido hacerse a un lado a fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García”, ha anunciado el presidente del Congreso, Mauro Guerra, esta tarde. A pesar de aceptar el traspaso de poderes al anterior en el cargo, Guerra ha responsabilizado a García de la situación de tensión que ha vivido el Estado durante la última semana. “Para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad a la que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León”, le ha lanzado, muy lejos de las palabras de reconocimiento que le ha dedicado a Orozco por su “sus ganas de servir” y “su pronta respuesta al llamado del Congreso”.

El bloqueo por parte de la oposición para designar un sustituto afín mientras García se ocupaba de la precampaña fue el pistoletazo de salida a unos días de mucha incertidumbre. El aspirante emecista anunció a finales de la semana pasada su regreso fugaz para tratar de desbloquear la situación, pero el embrollo se fue complicando cada vez más. El PAN y el PRI hicieron valer su mayoría en el Congreso de Nuevo León y nombraron como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, exvicefiscal de entidad, cercano al PRI. En medio de este jaloneo, el Tribunal Electoral dio una buena noticia para los intereses de García, al reiterar que sus sustituto debía ser emanado de MC para dar continuidad al gobierno. Sin embargo, el día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el nombramiento y ordenó que Orozco jurase el cargo como gobernador interino de Nuevo León.

La respuesta de García a ese revés judicial fue abandonar formalmente la carrera presidencial, renunciar a la licencia y atrincherarse en el Palacio de Gobierno. El mandatario emecista acusó a los dirigentes nacionales del PAN y el PRI de haberle exigido altos mandos en la Administración y hasta la condonación de impuestos en las negociaciones para desbloquear a su sustituto. En concreto, la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior del Estado. El aval definitivo del Congreso se antojaba lejano al depender de una nueva negociación entre las mismas partes. Durante el fin de semana llegó incluso a retomar la agenda habitual de gobernador, inaugurando por ejemplo un puente en un municipio de la capital, Monterrey.

Durante todo el fin de semana, dos gobernadores reclamaron su puesto en Nuevo León. El elegido por las urnas, que defendía que una vez renunciado a su licencia ya estaba autorizado a regresar; y el sustituto, avalado por la Suprema Corte. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso este lunes acusando a la oposición de torpedear a García y calificando de “golpe de Estado” la posible caída del gobernador electo en favor del sustituto. Finalmente, Orozco se ha echado a un lado y las aguas han vuelto a su cauce.

México

México reporta más de 145 mil repatriaciones de connacionales desde enero

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El Gobierno de México informó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, se registraron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política antimigratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las cifras durante una conferencia de prensa, en la que precisó que 116 mil 156 personas fueron repatriadas por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Estas acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza.

De acuerdo con la funcionaria, 99 mil 924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En el caso de las 45 mil 613 que optaron por no hacerlo, señaló que también se les brindó apoyo consistente en alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para su traslado a su lugar de origen.

La red de atención opera a través de nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que la atención aérea se ofrece en Chiapas y Tabasco.

En este contexto, el 18 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de las comunidades migrantes y lamentó lo que calificó como una creciente criminalización de este sector. Durante su conferencia matutina, respondió a mensajes recientes de Donald Trump y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quienes han promovido deportaciones masivas y la construcción de barreras fronterizas.

La mandataria sostuvo que la migración es un fenómeno motivado por la necesidad y no por una decisión voluntaria, y afirmó que las políticas de persecución carecen de humanidad. Señaló que, desde su perspectiva, las soluciones de fondo deben basarse en la cooperación internacional, el desarrollo económico, la inversión en los países de origen y la reducción de la desigualdad.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano será la protección de los derechos humanos y la oferta de alternativas consideradas dignas, como el acceso al empleo o la repatriación voluntaria. Estas declaraciones se dan en un escenario marcado por el incremento en las repatriaciones de connacionales durante 2025.

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