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México

El Congreso de Nuevo León confirma el regreso de Samuel García como gobernador

Samuel García y Mariana Rodríguez en Gómez Palacio (Estado de Durango), el 25 de noviembre.Cuartoscuro

La batalla entre los dos gobernadores de Nuevo León se ha acabado. El Congreso estatal ha aprobado este lunes el regreso de Samuel García como gobernador. En un acuerdo de último minuto, primero Luis Enrique Orozco anunció su renuncia como mandatario sustituto. Ha argumentado que lo hace por falta de condiciones y para preservar la gobernabilidad en la entidad. En una sesión que ha durado poco menos de 20 minutos, los diputados neoloneses han aprobado por unanimidad la renuncia del sustituto. Acto seguido, han aprobaron por mayoría de votos la reincorporación del gobernador electo a sus funciones tras declinar la licencia de seis meses para contender como candidato a la presidencia de México. De este modo, se cierra la crisis política vivida durante los últimos días en el Estado norteño.

“El gobernador interino, en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia y anteponiendo el interés público, ha decidido hacerse a un lado a fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García”, ha anunciado el presidente del Congreso, Mauro Guerra, esta tarde. A pesar de aceptar el traspaso de poderes al anterior en el cargo, Guerra ha responsabilizado a García de la situación de tensión que ha vivido el Estado durante la última semana. “Para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad a la que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León”, le ha lanzado, muy lejos de las palabras de reconocimiento que le ha dedicado a Orozco por su “sus ganas de servir” y “su pronta respuesta al llamado del Congreso”.

El bloqueo por parte de la oposición para designar un sustituto afín mientras García se ocupaba de la precampaña fue el pistoletazo de salida a unos días de mucha incertidumbre. El aspirante emecista anunció a finales de la semana pasada su regreso fugaz para tratar de desbloquear la situación, pero el embrollo se fue complicando cada vez más. El PAN y el PRI hicieron valer su mayoría en el Congreso de Nuevo León y nombraron como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, exvicefiscal de entidad, cercano al PRI. En medio de este jaloneo, el Tribunal Electoral dio una buena noticia para los intereses de García, al reiterar que sus sustituto debía ser emanado de MC para dar continuidad al gobierno. Sin embargo, el día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el nombramiento y ordenó que Orozco jurase el cargo como gobernador interino de Nuevo León.

La respuesta de García a ese revés judicial fue abandonar formalmente la carrera presidencial, renunciar a la licencia y atrincherarse en el Palacio de Gobierno. El mandatario emecista acusó a los dirigentes nacionales del PAN y el PRI de haberle exigido altos mandos en la Administración y hasta la condonación de impuestos en las negociaciones para desbloquear a su sustituto. En concreto, la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior del Estado. El aval definitivo del Congreso se antojaba lejano al depender de una nueva negociación entre las mismas partes. Durante el fin de semana llegó incluso a retomar la agenda habitual de gobernador, inaugurando por ejemplo un puente en un municipio de la capital, Monterrey.

Durante todo el fin de semana, dos gobernadores reclamaron su puesto en Nuevo León. El elegido por las urnas, que defendía que una vez renunciado a su licencia ya estaba autorizado a regresar; y el sustituto, avalado por la Suprema Corte. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso este lunes acusando a la oposición de torpedear a García y calificando de “golpe de Estado” la posible caída del gobernador electo en favor del sustituto. Finalmente, Orozco se ha echado a un lado y las aguas han vuelto a su cauce.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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