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El Congreso de Nuevo León confirma el regreso de Samuel García como gobernador

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Samuel García y Mariana Rodríguez en Gómez Palacio (Estado de Durango), el 25 de noviembre.Cuartoscuro

La batalla entre los dos gobernadores de Nuevo León se ha acabado. El Congreso estatal ha aprobado este lunes el regreso de Samuel García como gobernador. En un acuerdo de último minuto, primero Luis Enrique Orozco anunció su renuncia como mandatario sustituto. Ha argumentado que lo hace por falta de condiciones y para preservar la gobernabilidad en la entidad. En una sesión que ha durado poco menos de 20 minutos, los diputados neoloneses han aprobado por unanimidad la renuncia del sustituto. Acto seguido, han aprobaron por mayoría de votos la reincorporación del gobernador electo a sus funciones tras declinar la licencia de seis meses para contender como candidato a la presidencia de México. De este modo, se cierra la crisis política vivida durante los últimos días en el Estado norteño.

“El gobernador interino, en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia y anteponiendo el interés público, ha decidido hacerse a un lado a fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García”, ha anunciado el presidente del Congreso, Mauro Guerra, esta tarde. A pesar de aceptar el traspaso de poderes al anterior en el cargo, Guerra ha responsabilizado a García de la situación de tensión que ha vivido el Estado durante la última semana. “Para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad a la que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León”, le ha lanzado, muy lejos de las palabras de reconocimiento que le ha dedicado a Orozco por su “sus ganas de servir” y “su pronta respuesta al llamado del Congreso”.

El bloqueo por parte de la oposición para designar un sustituto afín mientras García se ocupaba de la precampaña fue el pistoletazo de salida a unos días de mucha incertidumbre. El aspirante emecista anunció a finales de la semana pasada su regreso fugaz para tratar de desbloquear la situación, pero el embrollo se fue complicando cada vez más. El PAN y el PRI hicieron valer su mayoría en el Congreso de Nuevo León y nombraron como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, exvicefiscal de entidad, cercano al PRI. En medio de este jaloneo, el Tribunal Electoral dio una buena noticia para los intereses de García, al reiterar que sus sustituto debía ser emanado de MC para dar continuidad al gobierno. Sin embargo, el día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el nombramiento y ordenó que Orozco jurase el cargo como gobernador interino de Nuevo León.

La respuesta de García a ese revés judicial fue abandonar formalmente la carrera presidencial, renunciar a la licencia y atrincherarse en el Palacio de Gobierno. El mandatario emecista acusó a los dirigentes nacionales del PAN y el PRI de haberle exigido altos mandos en la Administración y hasta la condonación de impuestos en las negociaciones para desbloquear a su sustituto. En concreto, la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior del Estado. El aval definitivo del Congreso se antojaba lejano al depender de una nueva negociación entre las mismas partes. Durante el fin de semana llegó incluso a retomar la agenda habitual de gobernador, inaugurando por ejemplo un puente en un municipio de la capital, Monterrey.

Durante todo el fin de semana, dos gobernadores reclamaron su puesto en Nuevo León. El elegido por las urnas, que defendía que una vez renunciado a su licencia ya estaba autorizado a regresar; y el sustituto, avalado por la Suprema Corte. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso este lunes acusando a la oposición de torpedear a García y calificando de “golpe de Estado” la posible caída del gobernador electo en favor del sustituto. Finalmente, Orozco se ha echado a un lado y las aguas han vuelto a su cauce.

México

Gobierno analiza restringir redes sociales a menores para proteger su salud mental

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El Gobierno de México analiza la posibilidad de limitar el acceso de menores de edad a redes sociales como parte de una estrategia orientada a proteger su salud mental. Así lo confirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien explicó que actualmente se realizan consultas y análisis para evaluar posibles medidas regulatorias.

En entrevista con la agencia AFP, el funcionario señaló que la intención es abrir un debate público sobre el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. Indicó que existe preocupación por el escaso control sobre los contenidos que consumen los menores y por los riesgos que pueden representar.

Delgado precisó que la discusión busca recoger experiencias y opiniones de padres de familia, docentes y comunidades educativas para definir qué tipo de límites podrían establecerse. Señaló que el objetivo es que las propuestas surjan de quienes conviven directamente con niñas, niños y adolescentes.

El titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que entre las medidas que se analizan podrían contemplarse restricciones de edad para el uso de redes sociales, mayor supervisión parental y responsabilidades más claras para las empresas tecnológicas que operan estas plataformas.

“El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores, por lo que debemos pensar en poner ciertos límites”, expresó Delgado al referirse a la necesidad de establecer reglas que ayuden a proteger a este sector de la población.

Añadió que la preocupación no se limita al tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. También se relaciona con problemáticas como el ciberacoso, la violencia digital y la exposición a contenidos que podrían resultar inapropiados.

El funcionario indicó que México también observa las políticas adoptadas en otros países que ya han implementado regulaciones en esta materia. Entre los casos mencionó a Australia, donde la legislación limita el acceso de menores de edad a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, además de establecer multas cercanas a 32 millones de dólares para las empresas que no adopten medidas razonables para cumplir con la norma.

“A mí me gusta el modelo australiano, personalmente”, expresó el secretario.

Hasta ahora no existe una iniciativa aprobada a nivel nacional sobre este tema. Sin embargo, la discusión ya se encuentra en el Gobierno federal y podría derivar en propuestas legislativas en los próximos meses.

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