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El Congreso de Nuevo León confirma el regreso de Samuel García como gobernador

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Samuel García y Mariana Rodríguez en Gómez Palacio (Estado de Durango), el 25 de noviembre.Cuartoscuro

La batalla entre los dos gobernadores de Nuevo León se ha acabado. El Congreso estatal ha aprobado este lunes el regreso de Samuel García como gobernador. En un acuerdo de último minuto, primero Luis Enrique Orozco anunció su renuncia como mandatario sustituto. Ha argumentado que lo hace por falta de condiciones y para preservar la gobernabilidad en la entidad. En una sesión que ha durado poco menos de 20 minutos, los diputados neoloneses han aprobado por unanimidad la renuncia del sustituto. Acto seguido, han aprobaron por mayoría de votos la reincorporación del gobernador electo a sus funciones tras declinar la licencia de seis meses para contender como candidato a la presidencia de México. De este modo, se cierra la crisis política vivida durante los últimos días en el Estado norteño.

“El gobernador interino, en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia y anteponiendo el interés público, ha decidido hacerse a un lado a fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García”, ha anunciado el presidente del Congreso, Mauro Guerra, esta tarde. A pesar de aceptar el traspaso de poderes al anterior en el cargo, Guerra ha responsabilizado a García de la situación de tensión que ha vivido el Estado durante la última semana. “Para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad a la que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León”, le ha lanzado, muy lejos de las palabras de reconocimiento que le ha dedicado a Orozco por su “sus ganas de servir” y “su pronta respuesta al llamado del Congreso”.

El bloqueo por parte de la oposición para designar un sustituto afín mientras García se ocupaba de la precampaña fue el pistoletazo de salida a unos días de mucha incertidumbre. El aspirante emecista anunció a finales de la semana pasada su regreso fugaz para tratar de desbloquear la situación, pero el embrollo se fue complicando cada vez más. El PAN y el PRI hicieron valer su mayoría en el Congreso de Nuevo León y nombraron como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, exvicefiscal de entidad, cercano al PRI. En medio de este jaloneo, el Tribunal Electoral dio una buena noticia para los intereses de García, al reiterar que sus sustituto debía ser emanado de MC para dar continuidad al gobierno. Sin embargo, el día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el nombramiento y ordenó que Orozco jurase el cargo como gobernador interino de Nuevo León.

La respuesta de García a ese revés judicial fue abandonar formalmente la carrera presidencial, renunciar a la licencia y atrincherarse en el Palacio de Gobierno. El mandatario emecista acusó a los dirigentes nacionales del PAN y el PRI de haberle exigido altos mandos en la Administración y hasta la condonación de impuestos en las negociaciones para desbloquear a su sustituto. En concreto, la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior del Estado. El aval definitivo del Congreso se antojaba lejano al depender de una nueva negociación entre las mismas partes. Durante el fin de semana llegó incluso a retomar la agenda habitual de gobernador, inaugurando por ejemplo un puente en un municipio de la capital, Monterrey.

Durante todo el fin de semana, dos gobernadores reclamaron su puesto en Nuevo León. El elegido por las urnas, que defendía que una vez renunciado a su licencia ya estaba autorizado a regresar; y el sustituto, avalado por la Suprema Corte. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso este lunes acusando a la oposición de torpedear a García y calificando de “golpe de Estado” la posible caída del gobernador electo en favor del sustituto. Finalmente, Orozco se ha echado a un lado y las aguas han vuelto a su cauce.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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