Opinión

El costo del odio en la política. Por Caleb Ordóñez T.

En estos días el mundo nos muestra escenas que, más que noticias, parecen espejos rotos en los que nadie quiere mirarse. Historias de violencia política, de polarización sin freno y de sociedades que de pronto despiertan en medio del caos. Y aunque los vemos como problemas lejanos —Nepal, Ucrania, Estados Unidos o Argentina— lo cierto es que en México estamos más cerca de ese precipicio de lo que creemos.

Hace unos días, el asesinato del activista conservador norteamericano Charlie Kirk en Estados Unidos sacudió la política de ese país. Un crimen político y religioso con todas sus letras, resultado de un ambiente en el que la palabra se convirtió en bala, y el adversario en enemigo a exterminar. Lo mató no un ejército extranjero, sino el odio sembrado en casa. Murió por su forma de pensar la solución a problemas sociales y por ser orgullosamente cristiano, en una sociedad gringa cada día más confundía.

En Nepal, la generación Z se cansó de la corrupción y salió a las calles. Al principio fueron protestas, luego incendios de edificios públicos, 19 muertos, más de 700 heridos y un primer ministro que no tuvo más remedio que renunciar. Lo que comenzó como reclamo legítimo se transformó en rabia desbordada.

En Argentina, la polarización económica y política ha convertido cada marcha en un campo de batalla. Oficialistas y opositores parecen hablar en idiomas distintos, incapaces de acordar incluso lo básico: cómo contener una inflación que devora bolsillos y esperanzas. La democracia sufre cuando el diálogo es imposible y las calles se llenan de banderas opuestas.

Y en Estados Unidos ocurrió algo que duele en lo más humano: Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había huido de la guerra buscando paz, fue asesinada brutalmente en un tren. El agresor, un exconvicto, la atacó sin razón aparente. Lo más terrible no fue solo la violencia, sino la indiferencia: pasaron segundos eternos en los que nadie se acercó a ayudarla. Murió sola, degollada, en medio de la multitud. Su historia recuerda que la deshumanización empieza cuando decidimos voltear la mirada.

¿Qué tienen en común estos episodios? Que todos son hijos de la polarización y de la incapacidad de las instituciones y de los ciudadanos para contenerla. Y aquí es donde México debe mirarse al espejo.

México y sus propias alarmas

Nuestro país ha vivido ya las primeras alarmas: decenas de candidatos asesinados en procesos electorales, presidentes municipales gobernando bajo amenazas, discursos oficiales que dividen entre “buenos” y “malos”, entre “conservadores” y “transformadores”. En redes sociales no hay debate, hay trincheras. Y en las calles, la violencia del crimen organizado se mezcla con la política como un veneno que corroe la confianza ciudadana.

Y para colmo, los propios legisladores, que deberían ser ejemplo de civilidad, se convierten en espectáculo de vergüenza nacional: escupiéndose, empujándose, gritándose insultos y mentándose la madre en el Congreso. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que debata con altura cuando quienes hacen las leyes se comportan como si la política fuera una pelea de barrio?

El riesgo es claro: si seguimos alimentando la lógica del odio, si dejamos que el adversario se convierta en enemigo, si nos acostumbramos a ver la violencia como parte del paisaje, un día la tragedia que hoy vemos en Nepal, en Argentina o en Estados Unidos será nuestra.

No se trata de sembrar miedo, sino de encender alarmas. La violencia política no llega de golpe: se construye poco a poco con cada insulto desde un atril, con cada mentira que se viraliza, con cada ciudadano que decide que “no es su problema” cuando alguien sufre.

¿Qué hacer entonces? Primero, exigir a nuestros líderes políticos que bajen el tono. La palabra importa: una frase incendiaria en boca de un presidente, de un gobernador o de un legislador puede ser la chispa que encienda la pólvora. Segundo, fortalecer las instituciones de justicia y seguridad, porque sin árbitros confiables la cancha se convierte en selva. Y tercero, asumir como ciudadanos que la democracia no se defiende desde la comodidad del sofá: se defiende participando, informándose, dialogando incluso con quien piensa distinto.

La lección está ahí, en cada noticia internacional que leemos con horror. México todavía está a tiempo de elegir un camino distinto, de evitar que nuestras diferencias políticas se conviertan en trincheras de sangre. Pero para lograrlo, debemos dejar de ver la violencia como un espectáculo ajeno y reconocerla como una amenaza propia.

Y aquí está el reto: o empezamos a tratarnos como adversarios democráticos capaces de dialogar, o terminaremos viéndonos como enemigos a destruir. La historia reciente del mundo nos advierte lo que pasa cuando gana el odio. La pregunta es simple y brutal: ¿queremos que México sea recordado como una nación que aprendió de los espejos ajenos… o como un país que prefirió romperse en mil pedazos frente a ellos?

Opinión

¿Qué rayos pasa en el IMSS? Por Caleb Ordóñez T.

Imagina que llevas veinte años trabajando en un hospital. Has pasado Navidades lejos de tu familia, cumpleaños atendiendo emergencias y noches enteras intentando salvar vidas. Cada quincena aportas a un sindicato que existe, en teoría, para defenderte. Un día te anuncian un aumento salarial. Tú y tus compañeros lo rechazan en una consulta y obligan a la dirigencia a volver a negociar.

La segunda oferta llega mejorada. Los representantes anuncian que el asunto está cerrado. Pero tú tienes una pregunta, quizá la más sencilla de todas: si pude votar contra la primera oferta, ¿por qué no puedo votar sobre la segunda?

Esa pregunta explica el conflicto en el IMSS mejor que cualquier porcentaje.

El aumento que nadie volvió a votar

El sindicato había aprobado una propuesta de incremento global de 6.8%, de los cuales apenas 2.9% correspondían al salario tabular y 3.9% a prestaciones. Los trabajadores la rechazaron mediante una consulta realizada el 14 de octubre. Rafael Olivos Hernández, secretario general del sindicato, reconoció el resultado y regresó a negociar con las autoridades del Seguro Social.

La segunda propuesta alcanzó un incremento global de 8%, dividido en 4% al salario tabular y 4% al concepto de ayuda para renta de vivienda, que también influye en el cálculo de determinadas prestaciones. El acuerdo fue celebrado por la dirigencia y por Zoé Robledo, director del IMSS, quien aseguró que el nuevo aumento respondía a las inquietudes expresadas por los trabajadores.

Hasta aquí parecería una historia de éxito. Los empleados manifestaron su inconformidad, fueron escuchados y consiguieron una mejor oferta. Pero la dirigencia decidió no convocar a una segunda consulta. Su argumento fue que la votación anterior había cumplido su propósito: mejorar la negociación. Además, sostuvo que sus facultades estatutarias permitían dar por concluido el proceso.

Hay que reconocer que una negociación no puede permanecer abierta indefinidamente y que los dirigentes necesitan facultades para alcanzar acuerdos. Tampoco puede afirmarse, sin examinar el procedimiento y la legislación aplicable, que la ausencia de otra consulta constituya automáticamente una ilegalidad.

Pero una cosa es tener autoridad para firmar un convenio y otra muy distinta conseguir que quienes serán afectados por él consideren legítima la decisión.

Los grupos inconformes pedían 10% directamente al salario tabular. Y la diferencia importa. No es lo mismo aumentar el sueldo base que mejorar una prestación adicional, especialmente cuando las condiciones de jubilación y el cálculo de determinados beneficios varían entre generaciones de trabajadores.

El sindicato tiene argumentos económicos para defender el acuerdo. Sostiene que representa uno de los mejores incrementos reales de los últimos veinte años y que mejora prestaciones adicionales al sueldo. Son elementos que merecen considerarse. Sin embargo, un buen resultado económico no elimina necesariamente una discusión sobre representación.

Porque escuchar a los trabajadores no consiste solamente en conocer su inconformidad. También implica explicarles qué se consiguió, qué no fue posible y por qué se tomó la decisión final.

El poder de representar a quienes no quieren ser representados por ti.

La historia del sindicalismo mexicano ayuda a entender esta contradicción. Durante buena parte del siglo XX, los sindicatos conquistaron derechos fundamentales, pero algunos dirigentes también construyeron estructuras de poder que terminaron alejándolos de sus representados. Hubo líderes capaces de negociar directamente con presidentes mientras sus propios trabajadores encontraban enormes dificultades para cuestionarlos.

La reforma laboral de 2019 buscó fortalecer la democracia sindical mediante mecanismos de participación y votaciones libres, directas y secretas. La legislación establece consultas obligatorias para determinados acuerdos colectivos, aunque sus requisitos concretos dependen del procedimiento aplicable. Por eso el debate del IMSS merece algo más que acusaciones apresuradas: exige claridad sobre las reglas y transparencia sobre las decisiones.

Siete años después, queda una lección que trasciende este conflicto: cambiar una ley puede ser mucho más sencillo que cambiar la manera de ejercer el poder.

Pero tampoco sería justo responsabilizar únicamente al sindicato. Los trabajadores reclaman además mejores condiciones laborales, personal suficiente, insumos médicos y soluciones a problemas de jubilación. Algunas de estas demandas corresponden al IMSS; otras involucran decisiones presupuestarias, al gobierno federal y hasta reformas legislativas.

Las cifras permiten dimensionar el desafío. El Instituto reporta que su plantilla creció considerablemente desde 2019 y que actualmente dice tener un abasto promedio de medicamentos de 94%. Sin embargo, el propio Zoé Robledo reconoce problemas de saturación, tiempos de espera y suministro. Es decir, hay avances documentados, pero también necesidades que siguen sin resolverse.

Y aquí apareces tú, aunque nunca hayas trabajado en el Seguro Social. Quizá has esperado meses por una consulta, acompañado a un familiar durante una madrugada en urgencias o encontrado a una enfermera extraordinaria trabajando en condiciones difíciles. Las deficiencias laborales también terminan afectando a los pacientes. Por eso importa que el sindicato tenga capacidad para negociar, que el Instituto administre eficientemente y que el gobierno rinda cuentas sobre los recursos disponibles.

Mientras tanto, el acuerdo del 8% ya fue anunciado, pero algunos trabajadores continúan inconformes. La negociación terminó sin que desaparecieran todas las preguntas. Y esa diferencia debería preocupar tanto a las autoridades como a los dirigentes sindicales.

Porque una organización puede conseguir aumentos, firmar convenios y celebrar victorias. Lo que no puede permitirse es perder la confianza de las personas que le dieron sentido a su existencia.

Los sindicatos no fueron creados para proteger dirigentes, como tampoco los hospitales existen para justificar presupuestos ni los gobiernos para administrar discursos. Su razón de ser está en las personas a las que sirven.

Una negociación puede terminar con una firma. Una crisis de confianza, no.

Y cuando los trabajadores comienzan a preguntarse a quién representa realmente su sindicato, el problema ya no está en el porcentaje que consiguieron sus dirigentes, sino en la legitimidad con la que siguen hablando en nombre de los demás.