El Estado de Derecho ha desaparecido en la región oriental de Ucrania, donde operan grupos separatistas prorrusos cada vez mejor organizados y armados, reveló hoy la ONU, al presentar el último informe de su misión de derechos humanos en ese país.

«El Estado de Derecho ya no existe y ha sido reemplazado por la ley de la violencia», señala el informe divulgado por la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el documento se acusa a esos grupos -liderados ahora por un comando centralizado dirigido por ciudadanos rusos- de imponer a la población las consecuencias de una «ruptura total de la ley, del orden y el reino del terror».

Una de las más graves es el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas, para las que el Gobierno ucraniano no ha previsto soluciones a medio o largo plazo.

De esos desplazados, 14.000 vivían en la península de Crimea, anexionada el pasado marzo por Rusia tras un referéndum entre los crimeanos abrumadoramente favorable a esa opción, y han abandonado sus hogares para instalarse en otras partes de Ucrania debido al acoso y discriminación que sufrían por formar parte de ciertas minorías.

Incluso los «representantes de minorías religiosas están bajo presión para abandonar Crimea» y el Obispo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha denunciado que los feligreses y la propiedad de su iglesia están amenazados.

Según el informe, que cubre el periodo del 8 de junio al 25 de julio, los intensos enfrentamientos con artillería pesada dentro y alrededor de áreas pobladas «han devastado pueblos y aldeas, arrasado edificios residenciales y asesinado a un creciente número de sus ocupantes».

Los informes de intensos combates en Donestk y Lugansk son muy alarmantes, con ambas partes que usan «artillería pesada, en zonas de edificios, incluidos tanques, cohetes y misiles», comentó la alta comisionada Navi Pillay.

En relación al caos imperante en Donestk y Lugansk, el informe sostiene que en ambos «los gobiernos locales han dejado, en los hechos, de funcionar», con lo que los salarios, pensiones y otros desembolsos de carácter social han dejado de ser pagados en algunos lugares.

A este respecto, el jefe de la Sección para las Américas, Europa y Asia Central del alto comisionado, Gianni Magazzeni, quien presentó el informe a la prensa, dijo que los grupos rebeldes «en lugar de ir en la dirección de discusiones y negociaciones con las autoridades en Kiev han optado por crear estructuras paralelas» de gobierno.

«Ello incluye una nueva Constitución para la región de Donbass (Lugansk y Donestk) y un nuevo Código de Procedimientos Penal, calcado del que tiene Rusia, mientras que las instituciones antes existentes han dejado de funcionar, incluidos la policía, la justicia y otros varios servicios públicos», explicó Magazzeni.

Lamentó que aunque el Gobierno central puso en los últimos meses sobre la mesa propuestas relativas a un alto el fuego, reformas constitucionales y medidas de descentralización y para la preservación del idioma ruso -todas demandas de la minoría rusohablante de Ucrania- la situación sólo ha empeorado.

«En lugar de ver mejoras de la situación y algún diálogo político, vemos un aumento de armas pesadas al alcance de cualquiera en el este del país», sostuvo Magazzeni.

Una de las acciones de los rebeldes contra civiles que más preocupa a la oficina de derechos humanos de la ONU tiene que ver con los secuestros, con 721 casos documentados, de los que en 375 casos se desconoce hasta ahora el paradero de la víctima.

Las motivaciones de estos secuestros son variadas y van desde el intercambio con rebeldes detenidos por las fuerzas gubernamentales o el pago de un rescate, hasta el uso de los secuestrados en trabajos forzados.

Se ha corroborado que muchos hombres retenidos trabajan en la excavación de trincheras y preparan barricadas.