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México

El fuero es irrenunciable: Ministros de la Corte

El fuero es irrenunciable, de acuerdo con la decisión de los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al analizar un juicio de amparo 1344/2017, interpuesto por senadores de la República que integraban la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2016 y hoy forman parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), el ministro ponente, Fernando Franco González, propuso como improcedente el amparo al argumentar que “no se trata de un privilegio otorgado a una persona”, como aseguraron los quejosos, sino de una prerrogativa parlamentaria que protege la independencia y autonomía del Poder Legislativo.

Los ministros integrantes de la Segunda Sala consideraron que sólo se puede concluir el fuero por tres causales: por muerte, por el término del periodo para ejercer la función o por un proceso de desafuero, que tiene como objetivo proceder penalmente contra el funcionario.

Entre los legisladores que solicitaron el amparo que fue rechazado se encuentra el candidato a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, y el futuro subsecretario de gobernación, Zoé Robledo, además de 17 senadores que concluyen funciones el 31 de agosto.

El fuero es una protección para que quienes lo tienen no puedan ser sometidos a procesos judiciales. En el caso de la política, dicen especialistas, da gobernabilidad al evitar que enemigos de algún gobierno lo desestabilicen al denunciar a los políticos, dejándolos sin posibilidad de trabajar o para no presionar a que se cumplan sus demandas ante la posibilidad de denunciar delitos falsos.

El origen de la palabra fuero es el latín forum: ‘espacio abierto’, ‘predio sin edificar’; la ‘vida pública y judicial’; los ‘tribunales de justicia’.

Uno de los casos más renombrados es el del fuero universitario, con lo que la policía en España y en otros países de Europa no podía entrar a los centros de enseñanza, para que los exponentes pudieran expresar opiniones y desarrollar controversias o discusiones.

México adquirió la estructura política de España, que incluía el fuero parlamentario para los políticos, empezando por los representantes de la corona.

En contrapeso al fuero, el rey Carlos III creó el “juicio de residencia”, equivalente al juicio político, como una herramienta para evitar la corrupción y obtener un equilibrio en la administración pública para bien de los habitantes.

En la Constitución de Cádiz, proclamada en las Cortes de España en marzo de 1812, el artículo 128, capítulo VI, se indica que “los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de las Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas”.

El objetivo era proteger a los políticos de persecuciones de opositores al terminar sus cargos. Durante el ejercicio del puesto público, evitaba que los funcionarios enfrentaran procesos penales de adversarios.

En 1824 nació la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y en ella integraron el fuero como atribución del Poder Legislativo.

Actualmente, en México, el presidente de la República, gobernadores, legisladores, ministros, magistrados y presidentes municipales tienen fuero.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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