El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció esta mañana uno de los capítulos más bochornosos de la prensa mexicana: los “montajes” en vivo, por televisión, de noticias falsas; la propaganda simulada de una noticia que periodistas y medios acordaron con autoridades y lo difundieron a una audiencia que no fue advertida.
El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, fue invitado a la conferencia presidencial, la “mañanera”. Villamil dijo que estos montajes fueron más comunes en los últimos tres gobiernos federales, con Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La conferencia se centró en un montaje realizado en Televisa años atrás. En coordinación con Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón Hinojosa, el periodista Carlos Loret de Mola presentó un supuesto arresto en flagrancia de una banda de secuestradores. Fue una escenificación que fue descubierta poco tiempo después.
Este montaje tiene consecuencias jurídicas hasta el día de hoy. Un hombre, Israel Vallarta, ha pasado parte de su vida en una prisión federal. En la transmisión se le tortura y se le señala como líder de una banda de secuestradores.
También aparece la ciudadana francesa Florence Cassez, quien es exhibida como socia o aliada de Vallarta durante esa transmisión en vivo. Ella lo niega en todo momento. Este episodio provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de México y el de Francia.
El 9 de diciembre de 2005, el noticiero “Primero Noticias”, conducido por Carlos Loret de Mola, realizó un gran despliegue para mostrar “en vivo” la captura de la banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de Televisa, que transmitió para miles de mexicanos el espectáculo mediático.
En el montaje se detuvo a Florence Cassez y a su pareja sentimental Israel Vallarta, como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
LA LIBERACIÓN DE CASSEZ Y LA SITUACIÓN DE ISRAEL VALLARTA
Cassez, quien llegó a México en 2003, fue condenada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y liberada en enero de 2013 después de haber permanecido siete años en prisión. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la simulación de su captura contaminó el proceso legal hasta el punto de viciarlo de origen, lo que era suficiente para liberar a la mujer francesa por las violaciones a sus derechos humanos, pese a que aún no se determinaba si era culpable o no del delito de que se le acusaba.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó este miércoles que el parte policiaco explicaba que Vallarta y Cassez fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca, la mañana del 8 de diciembre, pero fue “alterado una y otra vez”, por lo que “simplemente se desmoronó”.
Los derechos de Florence Cassez que se violaron fueron la presunción de inocencia, el ser puesta de inmediato ante un Juez y el acceder de manera inmediata a asistencia consular por ser ciudadana extranjera, enumeró Sánchez Cordero.
“No se pronunció sobre la credibilidad de los testigos, sino en el impacto que tuvo la escenificación”, dijo la funcionaria. “Dos ministros propusieron que se repusieran el procedimiento. Yo propuse su libertad inmediata. ¿En qué momento se puede reponer el procedimiento si todo fue una escenificación ajena a la realidad?”, cuestionó.
Mientras que Jenaro Villamil Rodríguez aseguró que “es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela. Hay muchos que la repiten. La impunidad que genera el mentir, el inventar una realidad en la pantalla o en la radio con fines de rating es muy grave porque ahora también lo están haciendo en redes sociales”.
Luego de la liberación de Cassez, el Gobierno de Enrique Peña Nieto prometió una investigación para dar con los culpables de no llevar a cabo un debido proceso en contra de la ciudadana francesa. Sin embargo, hasta el momento no se sabe nada de esa supuesta investigación.
A más de 15 años del hecho, Florence Cassez sigue libre y con un proceso legal en contra de quienes orquestaron el montaje. En tanto, Israel Vallarta permanece en prisión, Carlos Loret de Mola fuera de las pantallas de Televisa, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa, y Luis Cárdenas Palomino es buscado por las autoridades de ese país por el mismo caso que mantiene en prisión a su exjefe y por las autoridades mexicanas que lo acusan de torturar a Mario Vallarta Cisneros, supuesto integrante de Los Zodiaco.
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.
