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México

El INE convoca a ciudadanos a enviar preguntas para realizar en el tercer debate presidencial

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El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria para proponer preguntas que serán formuladas a los contendientes del tercer debate presidencial, el próximo 12 de junio en Mérida, Yucatán, en el que se abordarán los temas crecimiento económico, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología; y, finalmente, desarrollo sustentable y cambio climático.

A partir de este jueves 31 de mayo y hasta el 7 de junio, la manera en la que la ciudadanía podrá participar, a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram -desde las cuales se seleccionarán 12 cuestionamientos para los debatientes, es la siguiente:

Deberán elegir uno de los siete hashtagspropuestos por el INE para poder recibir las preguntas y filtrarlas por tema. Estos son: #DebateINEEconomía, #DebateINEPobreza, #DebateINEEducación, #DebateINETecnología, #DebateINESalud, #DebateINESustentable y #DebateINECambioClimático.
Deberán enviar la pregunta de manera escrita o a través de un video en alta definición, formato vertical y una duración máxima de 20 segundos.
Los moderadores del debate Gabriela Warkentin, Carlos Puig y Leonardo Curzio serán los encargados de seleccionar las 12 preguntas: una dirigida a cada uno de los cuatro candidatos al inicio de los tres segmentos.

Con esta decisión, aprobada en la sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias, la tarde de este jueves se decidió eliminar la pregunta general que se hacía a todos los candidatos para iniciar cada tema, individualizando los cuestionamientos. Posteriormente, los moderadores harán preguntas de seguimiento con réplicas y contra réplicas de los candidatos.

Lo anterior, explicaron los consejeros de la Comisión de debates, sería una implementación que permitirá acotar los temas de la discusión.

“Nos inclinamos por las preguntas individualizadas porque teníamos que ajustarnos a la realidad de los debates. No podemos suponer que no llevamos dos meses de campaña. Ya hay planteamientos muy claros de los candidatos sobre cada tema y sobre los que vale la pena profundizar. Creo que va a beneficiar el debate”, explicó la consejera Pamela San Martín.

Sobre la preocupación de los representantes partidistas de que las preguntas sean equitativas, desiguales o sesgadas, el presidente de la Comisión de Debates, Benito Nacif, acudió al “prestigio” de los moderadores.

“Al final ellos fueron aprobados por los partidos y ellos eligen las preguntas en ejercicio de su libertad periodística”, dijo.

Pondrán reloj a moderadores

El segundo debate presidencial, realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana el pasado domingo 20 de mayo, debía durar 96 minutos. Sin embargo, duró 122 por la amplitud –no contemplada– en la participación de los moderadores León Krauze y Yuriria Sierra.

La periodista habló más que uno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador. Sierra pronunció dos mil 606 palabras, mientras que el abanderado de Morena emitió dos mil 484.

El desmedido “protagonismo” de los moderadores, como lo calificaron los representantes partidistas ante el INE, propició que para el tercer encuentro se incluyan relojes de referencia para que los moderadores procuren apegarse al tiempo asignado.

“Los representantes de los candidatos pidieron que fuésemos más exigentes con los moderadores a que se ajusten a sus tiempos de referencia para evitar lo que ocurrió en Tijuana. Vamos a poner relojes a los moderadores para que estén conscientes de los tiempos de referencia para que se ajusten a ellos sin que el debate se alargue por el abuso de tiempo de los moderadores innecesariamente”, dijo Benito Nacif.

Proceso

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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