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México

El “Mayo” Zambada involucra al gobernador de Sinaloa y diputado electo, como amigos en su caso

Luego que Ismael «El Mayo» Zambada reveló que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado a la fuerza a los Estados Unidos llamó a la «población de Sinaloa» a la mesura y a mantener la paz el estado. «Nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos».

El líder del Cártel de Sinaloa hizo un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que sean transparentes y proporcionen la verdad sobre su presunto secuestro a Estados Unidos y «sobre las muertes de Héctor Cuén, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y cualquier otra persona que pudo haber perdido la vida ese día», dijo.

«El Mayo» reveló que fue secuestrado y llevado a la fuerza a los Estados Unidos, por lo que dejó en claro que no se entregó a las agencias estadounidenses y no fue voluntariamente al vecino país del norte.

«Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad».

A través de una carta difundida por su abogado Frank Perez, Zambada García, quien continúa preso en El Paso, Texas, reveló los detalles de su secuestro y traslado a los Estados Unidos.

«Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex diputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar«.

«El 25 de julio acudí al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo la reunión. La reunión estaba programada para las 11:00 a.m. y llegué un poco antes. Vi a un gran número de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban cuatro miembros del personal de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo».

«Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuén y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una sala que tenía una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin vacilar. Me condujeron a otra habitación oscura».

«En cuanto puse un pie dentro, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario, me sometieron a malos tratos físicos, que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 ó 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado».

«Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2 ½ y 3 horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad».

Héctor Cuén fue asesinado en el mismo lugar en donde me secuestraron: Zambada

«Estoy consciente de que la versión oficial de las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió».

«Fue asesinado a la misma hora, y en el mismo lugar, donde yo fui secuestrado. Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo, y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber de ellos».

Según Zambada García aseguró que lo expuesto anteriormente fue lo que sucedió y consideró «importante que la verdad salga a la luz» ante las informaciones «inexactas» que se han difundido.

«Esto es lo que ocurrió y no las historias falsas que circulan», dijo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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