Opinión
El movimiento. Por Raúl Saucedo
La Paz y otras banderas
Las Olimpiadas, más que un evento deportivo global, han sido un reflejo de la historia, la política y la sociedad mundial. Desde su origen en la antigua Grecia, donde se celebraban como una serie de competencias atléticas en honor a Zeus, los Juegos Olímpicos han evolucionado para convertirse en un símbolo de la unidad y la diversidad humana. Sin embargo, a lo largo de su historia, los Juegosolímpicos han estado inextricablemente ligados a los contextos políticos y sociales de los tiempos de la humanidad.
Uno de los momentos más emblemáticos de la historia olímpica moderna fue la reanudación de los Juegos en 1896 en Atenas, impulsada por el barón Pierre de Coubertin. Esta resurrección fue vista como un esfuerzo por promover la paz y la comprensión internacional, valores que siguen siendo fundamentales para el movimiento olímpico. Sin embargo, los Juegos han sido escenario de controversias y tensiones políticas. Un ejemplo notable es el boicot liderado por USAa los Juegos de Moscú 1980 en protesta por la incursiónsoviética a Afganistán, seguido por el boicot del bloque del Este a los Juegos de Los Ángeles 1984 en respuesta. Estos eventos subrayaron cómo las Olimpiadas pueden ser utilizadas como una herramienta de protesta política y diplomática.
La seguridad en los Juegos Olímpicos es una preocupación central, especialmente ante la amenaza del terrorismo. Desde el trágico ataque en Múnich 1972, donde un grupo terrorista palestino secuestró y asesinó a atletas israelíes, la seguridad se ha intensificado en cada edición. París 2024 no será una excepción; se implementarán medidas de seguridad sin precedentes, incluyendo tecnología avanzada, fuerzas de seguridad altamente capacitadas y colaboración internacional.
Las Olimpiadas de Tokio 2020 (celebradas en 2021) debido a la pandemia de COVID-19, representaron un hito único en la historia olímpica. A pesar de la ausencia de público en las gradas, los Juegos mostraron una resiliencia notable, adaptándose a estrictas medidas de seguridad sanitaria. Destacaron no solo por el rendimiento deportivo, sino también por su compromiso con la sostenibilidad, utilizando instalaciones temporales y materiales reciclados.
En términos económicos, las Olimpiadas también han tenido un impacto significativo. Las ciudades anfitrionas ven los Juegos como una oportunidad para el desarrollo urbano y económico, aunque esto a menudo viene con un alto costo. Las inversiones en infraestructura y la promoción turística pueden revitalizar economías locales, pero también pueden llevar a endeudamientos masivos. Atenas 2004 es un ejemplo de cómo los gastos olímpicos pueden contribuir a una crisis económica, ya que el presupuesto inicial fue superado significativamente, dejando al país con una deuda considerable.
Desde una perspectiva social, los Juegos Olímpicos han sido una plataforma para el cambio y la inclusión. Los Juegos de Berlín 1936, destinados a mostrar “la superioridad aria”,fueron testigos de las impresionantes victorias del atleta afroamericano Jesse Owens, desafiando la ideología nazi. Más recientemente, los Juegos han promovido la igualdad de género y la inclusión de atletas paralímpicos, reflejando un compromiso creciente con la diversidad.
Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, hay grandes expectativas tanto en términos de innovación tecnológica específicamente con Inteligencia Artificial como legado. París, que será la ciudad anfitriona por tercera vez después de 1900 y 1924, se ha comprometido a organizar unos Juegos sostenibles y accesibles. Un enfoque clave será la neutralidad de carbono, utilizando energías renovables y reduciendo el uso de plásticos.
Desde una perspectiva política, París 2024 será una oportunidad para Francia de reafirmar su papel en el escenario global, especialmente en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en Europa y los desafíos globales que acontecen turbulentamente al mundo en este 2024 como el cambio climático y la era de la post pandemia del COVID-19. Los Juegos ofrecerán una plataforma para promover valores de unidad y cooperación internacional en un momento en que el mundo necesita más que nunca estas cualidades.
A pocas horas del encendido del pebetero olímpico y mientras algunos individuos lo confunden con conciertos de rammstein, yo felicito en su cumpleaños a dos grandes Chihuahuenses donde el guante y la pesa son testigos de su tenacidad y coraje.
@Raul_Saucedo
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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