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El narco más buscado del mundo envió una corona de flores al funeral de un sicario del Cártel de Sinaloa

Rafael Caro Quintero, el “Narco de narcos”, el hombre cuya vuelta a la clandestinidad ha puesto en pie de guerra a las autoridades mexicanas y estadounidenses, envió una corona de flores al funeral de Óscar Armando López Uriarte, alias el “Mono” acribillado el jueves pasado.

De acuerdo con los reportes, el sábado 29 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, la familia del Mono se disponía a sepultarlo; sin embargo, cuando el cortejo fúnebre se dirigía al panteón, fue interceptado por un grupo armado, que se robó el cadáver y lo trasladó hasta un rancho en Badiraguato, Sinaloa, de donde era originario López Uriarte.

En el sitio se realizó un sepelio privado y después fue enterrado en medio de un cortejo integrado por hombres armados, que lo despidieron con múltiples detonaciones de arma de fuego.

Según el semanario local Río Doce, el robo del cuerpo fue encabezado por los Chapitos, hijos de Joaquín, el “Chapo” Guzmán, para velarlo en privado.

El jueves 27 de agosto un comando atacó a cuatro sujetos que viajaban en un vehículo Chevrolet Spark por la avenida Álvaro Obregón entre Artesanos y Abogados frente a la primaria Agustina Ramírez en Badiraguato. Tres murieron y uno más quedó herido.

Uno de los fallecidos era Óscar Armando López Uriarte. Su familia lo veló en la funeraria San Martín, del fraccionamiento Montebello, hasta donde fue enviada una corona a nombre del narcotraficante Caro Quintero, actualmente prófugo de la justicia.

La imagen de la costosa corona de rosas rojas con el nombre del capo, fue difundida en redes sociales.

López Uriarte, según fuentes extraoficiales, trabajaba para Rafael Caro Quintero.

El fundador del Cártel de Sinaloa sigue siendo objetivo principal de la DEA. Por su captura ofrece USD 20 millones. “Caro Quintero es el nuevo líder del Cártel de Sinaloa y es buscado por su probable participación en el asesinato del agente especial de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985 y ha sido incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI”, explica un comunicado de la Agencia Antidrogas.

El crimen del agente de la DEA “Kiki” Camarena, en 1985, llevó al capo mexicano a la cárcel. La justicia mexicana le condenó a 40 años, pero en 2013 , cuando aún le faltaban 12 años por cumplir, logró que un tribunal de Jalisco le dejase en libertad por un defecto de forma. Cuando la sospechosa sentencia fue invalidada, Caro Quintero ya estaba en clandestinidad.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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