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El nuevo tipo de extorsión telefónica

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Alertan sobre el nuevo modus en la extorsión telefónica en Cancún. No te dejes sorprender y checa cómo operan los extorsionadores.

ANCÚN, 21 de abril.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar y denunciar de inmediato cuando reciba llamadas telefónicas solicitando el apoyo de un botiquín o medicamentos de primeros auxilios para un herido.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) advirtió que la nueva modalidad de las extorsiones telefónicas la realizan personas que dicen pertenecer al grupo delictivo de Los Zetas.

La Procuraduría de Quintana Roo hizo un llamado a la población a “mantenerse alerta” y no caer en ese tipo de extorsión telefónica, suspender la comunicación y reportarlo para que agentes de la Policía Judicial investiguen

La dependencia hizo un llamado a la población a “mantenerse alerta” y no caer en ese tipo de extorsión telefónica, suspender la comunicación y reportarlo para que agentes de la Policía Judicial investiguen el origen de ese tipo de comunicaciones.

La semana pasada, personal de guardia de la Policía Judicial recibió seis reportes de negocios, como restaurantes, laboratorios, casa de empeños y tiendas de autoservicio, que sufrieron intimidaciones vía telefónica, reportó.

En dos casos, continuó, sí lograron depositar a números de cuentas en las tiendas de conveniencia la cantidad de 5 mil pesos cada uno.

Mencionó el caso de un restaurante ubicado en la avenida Nichupté, supermanazana 19, donde la cajera recibió una llamada mediante la cual le preguntaban si tenía gasas, agua oxigenada, alcohol y cubre bocas, pues “tenían una persona enferma”.

Además, le pidieron que tomara todo el dinero que hubiera en la caja y lo depositara en la cuenta 47 66 84 01 58 89 26 90; sin embargo, la empleada sólo depositó 5 mil pesos y reportó el hecho a sus superiores.

El otro caso de extorsión telefónica fue a una casa de empeño, ubicada en región 91 por avenida José López Portillo, donde la gerente indicó que recibió una llamada de una persona que se identificó como el licenciado Navarrete, quien le dijo que era del grupo de Los Zetas.

Añadió que el hombre en el auricular le pidió que lo apoyara, pues estaba afuera del negocio, a bordo de una camioneta con una persona herida, por lo que le pedía que le mandara un botiquín con medicamentos.

La voz de hombre le dijo que cuánto dinero había en la bóveda, a lo que ella respondió que no sabía, porque no estaba autorizada para abrirla.

Sin embargo, dijo que esa persona le dijo que tomara el dinero de había en la caja, siendo 5 mil pesos, y que los depositara en la cuenta 01 98 75 73 13 a nombre de José Francisco Racho Jácome, por lo que la empleada salió a realizar dicha acción.

Al regresar, la mujer presionó el botón de pánico y, en el camino, otro empleado la interceptó y logró evitar que depositara 60 mil pesos que había en la bóveda, pues en otras sucursales ya habían recibido este tipo de llamadas, pero no cayeron y no depositaron.

La PGJE especificó que en los otros cuatro casos similares no se concretó el depósito del efectivo solicitado, pues el personal estaba alerta y de inmediato colgaron la llamada, para luego denunciar el hecho a la autoridad competente.

Fuente: Excélsior

México

PAN cuestiona investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico y señala posible encubrimiento

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El Partido Acción Nacional acusó que la investigación oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca carece de credibilidad y podría estar encubriendo responsabilidades de mayor jerarquía dentro del proyecto ferroviario.

A través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el PAN sostuvo que la Fiscalía General de la República presentó de manera anticipada una versión definitiva del accidente, en la que se atribuye la causa exclusivamente a errores del personal operativo, pese a la existencia de indicios que apuntan a fallas estructurales, deficiencias técnicas y omisiones en la supervisión.

Romero subrayó que el Tren Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la infraestructura, el mantenimiento, los protocolos de seguridad y la operación general del sistema. En ese sentido, consideró inaceptable que la investigación descarte desde el inicio posibles fallas institucionales o responsabilidades administrativas de alto nivel.

El dirigente panista recordó que, tras la conferencia ofrecida por la FGR el 27 de enero, comenzaron a circular fragmentos del expediente que revelan diversas irregularidades. Entre ellas se mencionan deficiencias en los sistemas de control de velocidad, equipos obsoletos, fallas de comunicación, cámaras de vigilancia fuera de servicio y condiciones deterioradas tanto en los vagones como en algunos tramos de la vía.

El PAN también advirtió que en el expediente se hace referencia a personal ferroviario que no contaba con licencias vigentes ni con exámenes médicos actualizados, una situación que posteriormente fue reconocida por la propia Secretaría de Marina.

Ante este panorama, el partido exigió la realización de un peritaje independiente y transparente, y pidió que no se proteja a ningún responsable. Consideró que judicializar únicamente a trabajadores operativos representa un intento de cerrar el caso sin esclarecer las causas de fondo del accidente.

En paralelo, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista principal del tren descarrilado. La captura se realizó el 26 de enero en Palenque, Chiapas, y fue confirmada un día después.

De acuerdo con el peritaje oficial presentado por la fiscal Ernestina Godoy, el exceso de velocidad fue la causa determinante del accidente. La investigación señala que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona con límite de 50, alcanzando picos de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos. La FGR descartó fallas mecánicas y aseguró que el sistema de frenado funcionaba correctamente.

El maquinista enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas. La detención ha generado controversia al coincidir con las denuncias del PAN sobre un posible encubrimiento a mandos superiores responsables de la operación ferroviaria.

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