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El padre de Emilio Lozoya, un viejo salinista, pactó la entrega de su hijo: La Jornada

Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pactó en diciembre la entrega de su hijo y operó las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR), revelaron fuentes de la dependencia al diario La Jornada.

La nota firmada por Gustavo Castillo García refiere que la negociación con la Fiscalía fue parte de la estrategia trazada por los abogados de Emilio Lozoya, el jurista español Baltasar Garzón y el ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros.

Lozoya Thalmann, quien fue Secretario de Energía y director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entabló diálogo con la Fiscalía desde la segunda quincena de diciembre y ofrecieron información al Ministerio Público con la condición de que se otorgaran beneficios para el exdirector de Pemex, detenido el pasado 12 de febrero en Málaga (España) y extraditado a México el 17 de julio.

La fuentes citadas por La Jornada detallaron que las negociaciones encuentros se realizaron en la sede de la FGR, ubicada en la Ciudad de México, y participaron funcionarios de primer nivel de la dependencia como el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Juan Ramos López, y el encargado del área que dirigió la conclusión de la investigación del caso Odebrecht y la denuncia presentada por la compra de Agronitrogenados.

Los funcionarios dijeron a La Jornada que los representantes del exdirector de Pemex hicieron llegar información a la FGR que serviría para iniciar carpetas de investigación por corrupción contra políticos y exfuncionarios, y por ello se llegó a un acuerdo que abre la posibilidad de disminuir la pena que podría alcanzar el exfuncionario y que el Ministerio Público Federal se desista de la acción penal en su contra y de las imputaciones contra su hermana y su esposa.

Emilio Lozoya permanece detenido y custodiado en el hospital Ángeles del Pedregal, donde es atendido de anemia, debilidad corporal y problemas en el esófago.

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes.

Según ha trascendido, Lozoya aceptó ser extraditado a México con grabaciones que implicarían a varios políticos en tramas de sobornos para aprobar la Reforma Energética impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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