Opinión

El PAN, cambios urgentes, más allá del maquillaje. Por Caleb Ordóñez T.

En la política mexicana hay ciclos que se repiten como un reloj obstinado. Cada tanto, el Partido Acción Nacional se sienta frente al espejo, se pregunta quién es y promete reinventarse. Pero, ¿qué cambia realmente el PAN más allá del logotipo? ¿Un color más limpio, un trazo más moderno o la misma retórica de siempre? La respuesta es compleja, porque el problema no está en la marca, sino en la esencia.

Caleb Ordoñez T.

El PAN fue durante décadas la voz de la oposición ética, el refugio del ciudadano harto del autoritarismo priista. Representaba valores civiles, moral pública, transparencia, familia, esfuerzo. Pero en los últimos años esa brújula moral se extravió entre cálculos políticos, pactos de conveniencia y un discurso cada vez más reactivo que inspira más enojo que esperanza.

La alianza con el PRI, inevitable en muchos estados para sobrevivir ante la maquinaria electoral de Morena, terminó por desdibujar esa identidad. En lugares como Coahuila, Durango o Chihuahua, la alianza se tradujo en triunfos pragmáticos, pero en el resto del país se percibe como una rendición moral. El ciudadano común no distingue los matices tácticos: solo ve a dos adversarios históricos tomados de la mano. Y eso, para un partido que nació como contrapeso ético, es un golpe durísimo.

El nuevo PAN necesita más que estrategas: necesita liderazgos sociales. Figuras con autoridad moral, no solo con capital político. Líderes que salgan del aula, del emprendimiento, del activismo ciudadano, de la comunidad. México está lleno de gente con causas reales —medio ambiente, seguridad, derechos civiles— pero el PAN no los invita; los ignora o los cooptan otros movimientos. Su gran error ha sido hablar desde la política, no desde la vida real.

Y luego está el estilo. El nuevo presidente panista no puede seguir con el gesto adusto y el tono enojado. Ese lenguaje pertenece a un México de trincheras. Hoy, la gente no busca políticos que griten más fuerte, sino que inspiren más confianza. Urge un liderazgo más empático, más civil, más joven, que hable de soluciones y no de agravios. El panismo no puede ser solo el “anti-AMLO”; debe volver a ser “pro-México”.

Paradójicamente, hay un sector dentro del partido que mira con fascinación al fenómeno libertario de Javier Milei o al populismo conservador de Donald Trump. Algunos sueñan con un PAN más libertario, que rompa con el discurso tradicional y abrace el libre mercado sin complejos, la confrontación directa y el “antisistema”. Pero en un país con tantas desigualdades, ese modelo puede ser una trampa: la libertad sin equidad se convierte en privilegio. El panismo, si quiere sobrevivir, debe modernizarse sin perder el alma humanista que lo fundó.

¿Tiene futuro el PAN con perfiles tan desgastados? Tal vez, si entiende que no se trata de reciclar nombres, sino de renovar causas. Que su enemigo no es solo Morena, sino la apatía ciudadana. Que la batalla no se libra solo en campañas, sino en la calle, en los barrios, en las redes, en los foros donde se construye la conversación pública.

Porque mientras Morena es una maquinaria de fe (una feligresía política), el PAN parece un club de desencantados. Y contra la fe, el escepticismo no gana. Gana la emoción, la convicción, la esperanza.

Si el PAN quiere volver a ser opción, debe dejar de parecer un comité de quejas y convertirse en un movimiento de futuro. Debe apostar por nuevos rostros, por causas reales, por un discurso que conecte con el ciudadano de a pie. México no necesita más gritos, necesita más rumbo. Y si Acción Nacional logra entenderlo, quizá su próxima reinvención no sea solo estética, sino histórica.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.