Una rueda de prensa del gobernador Greg Abbott en la que estaba rodeado del liderazgo republicano incluidos los dos senadores texanos en Uvalde, Texas, fue interrumpida por el candidato demócrata a gobernador Beto O’Rourke quien reclamó la falta de acción de Abbott frente a la violencia con las armas.
Caleb Ordoñez
Abbott enfatizó el tema de la salud mental durante su intervención un día después de que 19 niños y dos maestras murieran a manos de un pistolero, que el propio gobernador reconoció llevaba un AR-15, un arma semiautomática.
La masacre en Uvalde, el martes, es la peor en una escuela de Texasy la peor desde el tiroteo en la escuela Sandy Hook, en Newtown, Conn.
“Qué alguien dispare a niños es intolerable”, gritó el gobernador al inicio de su intervención. Más adelante, Abbott indicó que el autor de la masacre no tenía historial de salud mental, y al parecer, tampoco un historial criminal.
“Todo lo que se sabe es lo que el pistolero puso en FB, media hora antes de la escuela: ‘Voy a matar a mi abuela;, luego escribió: ‘Disparé a mi abuela” y finalmente:’Voy a disparar a una escuela primaria’”, dijo el gobernador.
Abbott destacó también que un oficial del sheriff perdió a su hija en la escuela. También enfatizó la labor de los agentes del orden que evitaron que esta sea una tragedia mayor.
“Tenemos un problema de salud mental en esta comunidad. Todos los afectados deben acceder a servicios de salud mental”, dijo Abbott antes de enumerar una gran cantidad de servicios público.
Todo es énfasis en la salud mental también evidenciaba la gran omisión en la sala que era el tema de las armas. Desde 2021, los texanos pueden comprar y portar armas sin necesidad de ningún permiso.
La irrupción de O’Rourke fue sorpresiva y sus reclamos apenas se escucharon, mientras alguien le gritaba” Ud. está fuera de lugar”. El demócrata fue inmediatamente desalojado.
A continuación el vicegobernador Dan Patrick, volviendo al tono de voz conciliador, dijo que no era el momento de “politizar” el tema”.
También participaron el presidente de la Legislatura Jade Phelan, los senadores John Cornyn y Ted Cruz, además de los representantes Tony Gonzales y Tracy King, la única demócrata en el panel.
También participó el coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas y el comisionado Mike Morath, además del jefe de policía de las escuelas de Uvalde Pete Arredondo y el jefe policial de Uvalde Daniel Rodríguez.
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.
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