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«El Pelotón de la Muerte», el letal escuadrón de Felipe Calderón para exterminar narcos

Era el año 2008. Militares mexicanos desfilaban con la cabeza alta, y el fusil colgado del hombro. Ese fusil, que aún estaba caliente, había sido parte de un espectáculo sangriento en Ojinaga, Chihuahua.

En aquella región —que en ese tiempo sería nombrada como la urbe más violenta de México— operaba el grupo conocido como el “Pelotón de la Muerte”, cuya misión se realizaba a las sombras del Operativo Conjunto Chihuahua.

Todos los días de su cuartel, salían elementos con la encomienda de exterminar civiles, así como robar botines al crimen organizado y guardar una parte de lo hurtado —armas y drogas— para sembrarlo a los detenidos, a quienes no habían podido ejecutar.

El “Pelotón de la Muerte” tenía una macabra puesta en escena. Al civil se le incineraba después de largas torturas, y se usaba gasolina como materia prima del “trabajo”.

Circularían muchos rumores, historias, después de los sucesos. El periodista Óscar Balderas, da voz al testimonio del mayor, Alejandro Rodas Cobón, a quien el destino lo colocó en un pelotón de ejecución.

Desde la prisión militar número 5 en Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentra recluido Rodas Cobón desde hace 11 años, acusado por el propio Ejército mexicano de pertenecer al “Pelotón de la Muerte”, su historia le persigue.

Los hechos dictan que el mayor Alejandro Rodas, un veterano en las Fuerzas Armadas del país, entró al Ejército mexicano en 1984 a través del Heroico Colegio Militar. A partir de entonces escaló en el directorio de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta llegar a la categoría de Jefe y ganarse una estrella dorada, el símbolo de un Mayor.

En diciembre de 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia (2006-2012), lo sorprendió la estrategia guerra contra el narcotráfico. Asombrado, vio como el entonces mandatario enviaba 4,000 soldados a Michoacán para asumir las tareas de la policía local, una misión para la cual los militares no estaban preparados.

Un mes más tarde sería su turno. En enero de 2007 fue enviado a la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada en Chihuahua, donde el Cártel de Sinaloa se disputaba el control de la entidad con el de Juárez.

De acuerdo con Balderas, durante todo ese año, el mayor y sus 219 compañeros golpearon al crimen organizado sin que se presentara una sola queja ante organismos de derechos humanos. Sin embargo, todo cambió drásticamente el siguiente año, cuando Felipe Calderón ordenó el envío de 2,000 militares al norte del país para iniciar el Operativo Conjunto Chihuahua.

El entonces secretario de la Sedena, Guillermo Galván Galván, nombró al general Felipe de Jesús Espitia Hernández como coordinador de esa táctica. Espitia removió a viejos liderazgos en el Ejército para poner a sus subalternos, quienes tenían como instrucción dar resultados a toda costa.

Antes de la operación, el ex titular de la Sedena giró órdenes precisas: “hay que abatir a los miembros del narcotráfico”. El mayor Rodas aseguró a Balderas que la política perversa tenía el visto bueno del presidente.

Por años, esta estrategia del terror ha sido conocida como “limpieza social”, que consiste en asesinar a presuntos miembros del crimen organizado para evitar procesos y llevar resultados positivos en la guerra las drogas.

La limpieza social en 2008 empezó por las supuestas denuncias de los ciudadanos. Los militares recorrían Chihuahua animando a la población a denunciar anónimamente a miembros del crimen organizado mediante una línea telefónica segura.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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