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Opinión

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO: CASA NUEVA, VICIOS VIEJOS

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Por: Víctor M. Quintana S.

Cuando la separación de poderes no existe, éstos funcionan como vasos comunicantes del autoritarismo, del tráfico de influencias, de la opacidad, de lo faccioso y partidista. Eso le ha pasado al poder judicial del estado. (Las minúsculas son para reflejar al autosometimiento y rebajamiento del mismo).

El recuento de los daños –y de las mañas- que se han venido presentando habría que comenzarlo por la nueva sede. La “Ciudad Judicial más grande de América Latina” en ningún sentido hace honor a su presuntuoso calificativo. Suponiendo que las dimensiones tuvieran algo que ver con la calidad de justicia que se imparte, hay en México otros complejos judiciales mayores. Pero, yéndonos a la calidad de la obra construida, las quejas de los usuarios son múltiples: elevadores siempre saturados (no lo de los magistrados que son exclusivos para ellos); pisos en declive (y no se trata de salas de cine), el edificio se cimbra, no por la exigencia ciudadana, sino por el paso de cualquier camión urbano o transporte pesado. No hay que olvidar que la firma de conformidad a la recepción de la obra civil fue uno de los factores que precipitaron la acelerada renuncia-jubilación del anterior Magistrado Presidente.

Por cierto, existen varias denuncias de empleados de este poder que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias en el sentido de que han sido despedidas varias personas por su cercanía al anterior Presidente Magistrado. A otras, se les han quitado las plazas, ganadas con el trabajo de años y se les ha recontratado por honorarios, con plazos predeterminados, sin ningunas prestaciones. Denuncian malos tratos de los funcionarios administrativos, entre los cuales hay varios parientes políticos o por consanguineidad. Ellos son quienes manejan la plantilla del poder judicial.

Señalan también que en el Instituto de Justicia Alternativa se despidió a los coordinadores y a la jefa del mismo. A quienes se quedaron se les privó de una compensación de once mil pesos que recibían. Reina la incertidumbre entre los trabajadores con alguna antigüedad, mientras continuamente ingresa personal nuevo a laborar. Ahora, en tiempos de campañas electorales, existen también diversas denuncias en el sentido que a los empleados de este poder se les exige que trabajen de diversas formas en las campañas del PRI: por ejemplo, en las redes telefónicas de promoción del voto.

La impartición de Justicia se ve afectada de muy diversas formas: los concursos ya no se toman en cuenta para la designación de los jueces, pues éstos se nombran por acuerdo del Presidente del STJ con el Gobernador del Estado. Las sentencias se concentran en sólo dos titulares.

Lo peor de todo es la subordinación total de este poder a la voluntad del Gobernador: en las frecuentes reuniones que los titulares de este poder tienen con él, siempre les da la misma consigna: no debe emitirse ninguna sentencia absolutoria sin consultarlo previamente con su persona. Es necesario que el estado dé la imagen de que hay un alto porcentaje de juicios que terminan con la condena del presunto responsable, para demostrar que la impunidad baja en Chihuahua. Sin embargo, quienes conocen del tema señalan que un buen sistema de justicia penal acusatorio, como el vigente en el estado desde 2008, entre menos sentencias o asuntos lleguen a juicio es mejor.

Estas son sólo algunas de las denuncias que varios trabajadores de este poder, despedidos o todavía en funciones, expresan pero prefieren permanecer en el anonimato, ariscos ya de tantas represalias en contra de ellos y de sus compañeros. Si el Poder Judicial del Estado operara con transparencia, independencia, si rindiera cuentas puntuales y no estuviera sometido al Ejecutivo y al partido de éste, las podría responder a cabalidad.

Sin embargo, con este poder sucede lo mismo que con el Vivebús: se hace una cuantiosa inversión en infraestructura física, pero se entrega a los mismos grupos de interés, se subordina a los caprichos del Jefe del Ejecutivo. Y luego salen a relucir los vicios ocultos, no sólo los del edificio, sino del manejo interesado y faccioso de la Cosa Pública.

Si este sexenio todo en Chihuahua ha funcionado así, ¿por qué habría de escapar el poder judicial del estado, mejor dicho, del gobernador del estado?

P.S: Espero que por pubicar este artículo no me pase lo mismo que al joven y valiente reportero Gabriel Ortega, a quien le fue aplicada la versión chihuahuense de la Ley Mordaza: el inefable y arbitrario artículo 333 del Código Penal del Estado que a la letra dice: Artículo 333. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a mil días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderos.

Por eso aclaro: el presente texto no tiene como pretensión obtener ningún beneficio, ni causar un daño, simplemente contribuir a la mejoría del Poder Judicial del Estado.

Opinión

La embajada, ¿un salvavidas para Adán Augusto? Por Caleb Ordóñez T.

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El rumor corrió con fuerza, como suelen correr las versiones que no nacen en el vacío. En los pasillos del poder se empezó a repetir una misma idea: Adán Augusto López Hernández estaría explorando —o incluso negociando— su salida del Senado a cambio de una embajada. No como castigo, no como premio, sino como salida política. Cuando un trascendido de ese tamaño se vuelve insistente, no es porque alguien quiera inventar una historia, sino porque el sistema está buscando una válvula de escape.

En política, los fuertes rumores no siempre anticipan hechos, pero casi siempre revelan tensiones. Y hoy, la tensión alrededor de Adán Augusto es real, profunda y multicausal.

Caleb Ordóñez T.

Desde que asumió como coordinador del grupo mayoritario en el Senado, su figura pasó de ser un operador eficaz en la sombra a un protagonista expuesto todos los días. El Senado es una máquina de desgaste: cada sesión suma presión, cada negociación deja heridos, cada escándalo se amplifica. Y Adán Augusto llegó a ese espacio con una mochila pesada, cargada de pasado, poder y enemigos.

Porque no es un senador más. Es exsecretario de Gobernación, exgobernador, aspirante presidencial frustrado y, sobre todo, líder de un grupo político interno tan disciplinado como polémico, que hoy empuja candidaturas por todo el país. Gobernaturas, alcaldías, congresos locales, espacios estratégicos rumbo a 2027. Ese movimiento no es clandestino ni improvisado: es una estructura que incomoda porque compite, porque presiona y porque recuerda que el poder dentro del oficialismo no es monolítico.

Ahí comienza el problema.

La llegada de una nueva presidenta redefinió las reglas del juego. Claudia Sheinbaum necesita orden, control narrativo y disciplina legislativa. Y el Senado se volvió un frente sensible. Cada fractura interna cuesta gobernabilidad. Cada corriente autónoma se convierte en una amenaza potencial. En ese contexto, Adán Augusto dejó de ser solo un aliado con historia: pasó a ser un factor de tensión permanente.

A eso se sumó el golpe más duro: el costo reputacional derivado de su gestión pasada en Tabasco. La historia de su exsecretario de Seguridad —hoy señalado como operador criminal— se convirtió en un ancla que arrastra todo intento de defensa. No importa cuántas veces se repita que no hay una imputación directa: en política, la frase “él lo nombró” pesa más que cualquier deslinde técnico. El daño no es jurídico, es simbólico. Y el símbolo ya se instaló.

Como si eso fuera poco, el frente administrativo y legal terminó de cerrar el cerco. Más de treinta denuncias, montos que se cuentan en cientos de millones de pesos y cuestionamientos patrimoniales que, aun sin sentencia, generan una percepción devastadora. No porque prueben culpabilidad, sino porque obligan a dar explicaciones constantes. Y en el Senado, explicar es perder.

Con ese panorama, la embajada aparece como una jugada lógica. No elegante, no heroica, pero sí muy racional.

Salir del Senado reduce el ruido de inmediato. Desaparecen los micrófonos diarios, las preguntas incómodas, la necesidad de reaccionar. El personaje se traslada a una lógica distinta: la del servicio exterior, la representación del país, la agenda institucional. No limpia el pasado, pero enfría el presente.

Hay, además, un precedente que en el poder nadie ignora. Cuando Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General para asumir una embajada en el Reino Unido, la lectura fue similar: no se trató de un ascenso diplomático, sino de una reubicación política cuidadosamente calculada. En su momento, su permanencia en el centro del debate público ya era más costosa que útil, y la salida permitió despresurizar al gobierno sin abrir un conflicto frontal. El paralelismo es evidente: cuando una figura concentra demasiado desgaste, demasiadas resistencias internas y demasiada atención incómoda, la embajada se convierte en una fórmula conocida del sistema para retirar el estorbo sin admitirlo, enfriar la crisis y ganar tiempo. En política, a veces no se va el que cae, sino el que estorba quedándose.

Además, su salida reordena el tablero interno. Sin Adán Augusto en el Senado, su grupo político pierde un eje visible de poder, pero no se desintegra. Al contrario: se dispersa y se vuelve más negociable. Los aspirantes que hoy se cobijan bajo su sombra tendrían que sentarse directamente con el centro del poder. Eso reduce fricciones, descomprime ambiciones y elimina la sensación de que una sola corriente está capturando territorios.

Desde el punto de vista personal, la embajada también compra tiempo. Tiempo para que las investigaciones avancen o se diluyan. Tiempo para que la agenda pública cambie. Tiempo para reconstruir una narrativa distinta: la del político que se hizo a un lado “por el bien del país”, no la del dirigente que fue desplazado por escándalos.

Claro, el movimiento no está libre de riesgos. Salir del Senado puede implicar perder el fuero. Nadie con problemas potenciales hace eso a la ligera. Por eso, esta jugada solo tiene sentido si existe la percepción —o el acuerdo— de que el riesgo legal es controlable. La embajada, en ese sentido, no es protección jurídica, sino protección política.

Y está, por supuesto, la batalla final: la percepción pública. Para algunos será un premio; para otros, un exilio diplomático. Esa disputa no se define con el cargo, sino con el relato. Y ese relato no solo lo construye Adán Augusto: lo administra el poder.

Al final, el punto es brutalmente simple. En la política mexicana no siempre pierde el que se va. Muchas veces pierde el que se queda demasiado tiempo cuando el desgaste ya es irreversible. La embajada, en este caso, no sería una huida, sino un movimiento lateral para evitar una caída vertical.

Porque cuando los rumores de salida se vuelven insistentes, no hablan del futuro del cargo, hablan del presente del poder y hoy Adán Augusto está en el top de los más incómodos para palacio nacional.

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