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El precio de la mariguana cae: criminales de México brincan al alcohol y la tala

México sigue siendo el principal proveedor internacional de marihuana para Estados Unidos, pero las ganancias de este mercado han disminuido desde 2013, lo que ha obligado a ciertos grupos criminales a buscar otras fuentes de ingreso.

A medida que más estados de Estados Unidos avanzan hacia la legalización, “la marihuana mexicana ha sido sustituida en gran parte por marihuana de producción nacional”, así lo señala la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2020, de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).

El informe indica que las incautaciones de marihuana en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron en más del 81 por ciento entre 2013 y 2020, lo que indica que los grupos criminales mexicanos han reducido significativamente sus operaciones de tráfico de marihuana.

Un operador de alto rango del Cartel de Sinaloa en el estado de Sonora le dijo a InSight Crime que el negocio de la marihuana “ya casi no es rentable”.

“Solo trafico marihuana para pagarles a algunas de mis personas en la organización. Les estoy pagando con kilos [de marihuana], que ellos logran contrabandear y por los que les pagan, pero esto está llegando a un punto en el que ya no es un negocio viable”, expresó.

Según un informe sobre los cultivos de drogas publicado en 2016 por un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el estado fronterizo de Chihuahua es, después de Sinaloa, el segundo mayor productor de marihuana de México, representando el 20 por ciento de la producción nacional. Gran parte de esta producción proviene de la Sierra Tarahumara, una vasta red de montañas y cañones.

Dos de las principales organizaciones criminales de México operan en la Sierra Tarahumara: el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez, a través de su brazo armado, conocido como La Línea.

En los últimos 10 años, los combates entre estos dos grupos han estado en un constante tira y afloja.

Pero ambos grupos han debido adaptarse a la situación en muchos estados de Estados Unidos que han despenalizado o legalizado la marihuana. Con ese fin, han monopolizado otras actividades comerciales como la venta de alcohol y la tala, a la vez que extorsionan a los trabajadores agrícolas de la región para mantener sus ganancias.

A partir de la carretera de La Junta, a la entrada de la Sierra Tarahumara, solamente las tiendas “autorizadas” pueden vender alcohol. Las organizaciones criminales han amenazado a cadenas nacionales como Oxxo para que dejen de vender alcohol, o de lo contrario podrían ser castigados, según cuentan residentes, dueños de negocios y funcionarios estatales que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

En su mayor parte, según el operador del cartel entrevistado por InSight Crime, el monopolio del alcohol está en manos del Cartel de Sinaloa, específicamente de Noriel Portillo, alias “El Chueco”.

“Solo las tiendas autorizadas pueden vender alcohol. De esa manera no hay competencia, y todas esas ganancias llegan a las arcas de la organización”, dijo.

Esto comenzó como consecuencia directa de la depreciación de la marihuana, afirma el operador. Los municipios en los que esto ocurre van desde Bocoyna, Guachochi, Batopilas, Urique e incluso Guadalupe y Calvo.

La fuente agrega que todos los camiones de distribución de bebidas alcohólicas son “detenidos en las carreteras que conectan con la sierra, y les dicen que deben regresar. Mantenemos nuestra propia distribución, y las empresas tienen que comprarnos sólo a nosotros”.

Fuente: InSight Crime

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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