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El programa “mochila segura” es inconstitucional, resolvió la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el programa “Mochila Segura” es inconstitucional a pesar de que se aplica hace casi 20 años en distintos niveles educativos de México, ya que no cuenta con un marco legal que lo sustente.

La Primera Sala del más Alto Tribunal del país determinó por 4-1 en el voto de sus magistrados integrantes que el amparo solicitado por dos padres de familia a sus hijos menores para el efecto de que no puedan ser sujetos sin su consentimiento expreso, libre e informado del programa “Mochila Segura” o a cualquier operativo asociado o derivado del mismo.

“A la fecha, se desconoce el fundamento legal en el que se prevea expresamente el programa Mochila Segura. (…) la sentencia recurrida trata de justificar la existencia legal del programa ‘Mochila Segura’ sólo en un comunicado emitido por una autoridad federal y en un programa local, pero sin que exista norma jurídica que sustente ello”, precisa el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo avalado por la Primera Sala y consultado por Infobae México.

Por ello, el proyecto estimó fundada la impugnación, ya que “efectivamente no existe norma legal alguna que, de forma expresa, prevea la existencia del referido programa u operativo cuestionado, ni menos que contemple facultad a favor de alguna autoridad para su implementación en el contexto escolar en que se lleva a cabo”.

Pero, a pesar de las circunstancias, el ministro Pardo Rebolledo indicó en su proyecto que esto no elimina la obligación del Estado, reconocida en este asunto por el Secretario de Educación Pública, de proteger a los estudiantes durante su estancia en los establecimientos educativos.

“No obstante, la garantía de su seguridad no debe llevarse al extremo de entender que la única forma de lograr dicha salvaguarda lo es a partir de la revisión obligatoria de las pertenencias de todos los estudiantes”, precisó.

Sobre todo, ya que, “podría resultar discriminatorio” si no implica, por ejemplo, también la revisión de pertenencias de otras personas que acceden a los centros escolares, como lo es el caso de docentes, personal administrativo y familiares o tutores de los alumnos e incluso aquellas personas que también acceden al centro escolar a prestar servicios de mantenimiento.

Asimismo, la falta de norma legal que respalde estos operativos hace imposible validar que los mismos se lleven a cabo libremente en los centros escolares, sin control alguno, y con la ausencia de parámetros o protocolos que aseguren la protección de los derechos de la niñez, remarcó el proyecto aprobado. “Ni menos aún que dichos ejercicios, se promuevan por las autoridades educativas sin directrices debidamente sustentadas en un marco legal que les rija”, añadió.

El ministro Pardo Rebolledo tampoco dejó pasar que los operativos “Mochila Segura” se realizan “con el consentimiento de los padres”. “No obstante, ello no puede advertirse de regulación alguna”, señaló.

El fallo reconoce que la falta actual de regulación, no debe obstaculizar el que los Congresos Federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen legislación que, apegada al régimen constitucional, pueda dar sustento y contenido formal a programas como el operativo “Mochila Segura”, siempre con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, lo que no puede aceptarse, es la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometen los derechos de los propios educandos
Finalmente, se indica que la resolución no impide las intervenciones o revisiones en las escuelas cuando se ha cometido un delito o está por cometerse, pues ello coloca a la comunidad escolar en un riesgo o peligro inminente; en cuyo caso, deberá darse a la brevedad intervención a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes.

Dinero

Demandan a Mexicana de Aviación por más de 800 mdd

SAT Aero Holdings señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd para arrendar los primeros aviones.

SAT Aero Holdings señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd para arrendar los primeros aviones.

La nueva aerolínea estatal de México, Mexicana de Aviación, fue demandada por la firma que el Gobierno contrató para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar las tripulaciones, señalando que la falta de cooperación de la aerolínea puso en peligro a toda la compañía, de acuerdo con una nota publicada este miércoles por Bloomberg.

SAT Aero Holdings, conocida anteriormente como Petrus Aero Holdings, presentó la demanda, en un tribunal federal de Nueva York, en reclamación de daños y perjuicios por el monto total de su contrato de 838.5 millones de dólares (mdd), más otros 2.4 millones en costos, de acuerdo con dicha agencia de noticias.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre el inicio de operaciones de Mexicana, luego de comprar el nombre a la empresa que dejó de volar en 2010. El Gobierno la ha comercializado como una nueva aerolínea de lista de bajos costos para competir con Volaris y Viva Aerobús. La compañía registró 160 vuelos en enero, según estadísticas gubernamentales”, publicó Bloomberg.

López Obrador, de acuerdo con la agencia, dijo el año pasado que el Gobierno buscaba arrendar inicialmente 10 aviones Boeing 737, pero Mexicana ahora alquila al menos una parte de sus aviones a otro avión regional, TAR Aerolíneas.

En la denuncia, añadió la plataforma de noticias, el SAT fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional para prestar servicios que incluían la adquisición de aeronaves y seguros, la contratación y formación de pilotos y tripulación y la organización del mantenimiento de las aeronaves. Según el medio especializado, la empresa declaro que se entendía que compraría aviones para Mexicana, y que el Gobierno asumiría en última instancia el costo.

“Sin embargo, señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 mdd en depósitos para que el SAT pudiera arrendar los dos primeros de los 10 aviones”.

La empresa afirmó que “siguió adelante” y trató de “hacer todo lo posible para mantener la importante relación comercial a largo plazo”, mientras seguía negociando los contratos de arrendamiento.

“Desafortunadamente, después de que el SAT pasara meses negociando los documentos de financiación y arrendamiento pertinentes con el banco y los arrendadores potenciales, la aerolínea se negó a firmar los documentos con estas instituciones”, comentó la arrendadora en la demanda según el medio citado.

“SAT se ha esforzado por trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional para resolver estos problemas. Sin embargo, en lugar de subsanar estos incumplimientos, Mexicana de Aviación ha intentado imponer sanciones económicas al SAT y responsabilizarla de la no entrega de ninguna de las aeronaves identificadas”, detalló.

La Secretaría de Defensa Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

 

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