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El sector comercial al punto del colapso; urge ampliar aforo y estrictos controles

El diputado Omar Bazán sostuvo que de no ampliar el aforo por lo menos hasta en un 50 por ciento, el sector comercial en Chihuahua va a colapsar.

Cada día se presentan cierres y con ello pérdida de fuentes de empleo, es una fatal cadena que puede evitarse con incentivos económicos por parte del Estado y autorizando la ampliación del aforo de hasta un 50 por ciento, observando por supuesto estrictos controles de seguridad sanitaria.

A través de una iniciativa de exhorto que presentó en el Congreso, el legislador priista hizo un llamado al Gobierno del Estado para que considere levantar las medidas restrictivas en el sector comercial a fin de evitar su colapso.

Se trata de autorizar un aforo de hasta un 50 por ciento observando todas las medidas de control sanitario para lograr la reactivación económica y así evitar el cierre definitivo de cientos de establecimientos que hoy se encuentran en grave crisis económica, sostuvo el también dirigente estatal del PRI.

La situación actual obliga a tomar nuevas alternativas que disminuyan la cadena de contagios y alienten la actividad económica, indicó.

Omar Bazán insistió de nueva cuenta en la aplicación masiva de pruebas rápidas, «es un tema que plantee desde hace meses y no hay respuesta del gobernador Javier Corral», lamentó.

La aplicación de pruebas rápidas y su seguimiento en un esquema de geolocalización, es vital para terminar con la ola de contagios, advirtió.

Por otra parte, Omar Bazán propone implementar en Chihuahua el sistema QR para identificar, en espacios cerrados, a las personas que pudieron haber estado expuestas a COVID-19 y de esta manera detener la cadena de contagios.

Es un sistema seguro recomendado por la Organización Mundial de la Salud que ya opera en la Ciudad de México, señaló.

Cuando una persona ingresa a cualquier espacio cerrado, deberá escanear con su teléfono celular el código QR, lo que permite identificar de inmediato en un Centro de Monitoreo si entre sus contactos hay personas enfermas de COVID-19.

Se trata de un esquema preventivo que ha sido exitoso en diversos países para detener la cadena de contagios, precisó el legislador priista en una iniciativa que presentó ante el Congreso del Estado.

Es de suma importancia regresar a la llamada nueva normalidad de manera regulada, donde cada uno cumpla con la parte que le toca porque no tenemos otra opción, dijo finalmente el legislador priista.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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