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Política

El secuestro subió 410 % con Felipe Calderón: Renato Sales Heredia

El coordinador nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, afirmó que el gobierno de Felipe Calderón aplicó una «estrategia» fallida contra la delincuencia que disparó delitos de alto impacto, como el homicidio y el secuestro.

Durante una conferencia magistral en el Colegio de México, que ofreció en el contexto del Seminario sobre Violencia y Paz, expuso que entre 2005 y 2012 los plagios a escala nacional crecieron 410 por ciento, al pasar de 278 a mil 418.

En 2013 se contabilizaron mil 698 secuestros, la cifra anual más alta desde que fue creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1997, y en 2014 la cifra llegó a mil 418.

Asimismo, desdeñó el «populismo penal» en referencia al incremento de las penas de más de 100 años a secuestradores impulsadas desde el poder legislativo, a las que calificó de «ridículas».

Sin embargo, destacó que con las acciones que se han realizado de manera coordinada en esta administración se empieza a reducir la tendencia de secuestros, pues aunque falta mucho por hacer en 2015 se han registrado 354 casos denunciados.

El funcionario criticó el término «guerra» contra el narcotráfico que se adoptó el sexenio anterior, en el que dijo que se subvirtió el orden constitucional al suspenderse de facto las garantías individuales de los ciudadanos, y se vulgarizó el estado de excepción.

El común denominador de los secuestradores es que vivieron en un ambiente devastador, en el que fueron violentados

Cuestionó el proyecto del expresidente, pues señaló que se permitieron arraigos sin autorización judicial, así como la intervención ilegal de comunicaciones privadas a cargo de los policías, a quienes, ironizó, «se les dio licencia de 007».

Sostuvo que Calderón intentó aplicar la estrategia de enemistad usada por Estados Unidos contra los terroristas.

«La ONU establece que la peor variante de los estados de excepción es el estado de excepción sofisticado (…) se le declaró la guerra al narcotráfico ¿a quién se imitó? ¿y qué estaba pasando internacionalmente en ese momento?», cuestionó.

Añadió: «(Declarar) ¿la guerra? Pues si es un abogado el que está diciendo esto (Calderón). ¿Cómo la guerra? Ésta requiere de la aprobación del Congreso.

«Los delincuentes no son enemigos, son delincuentes. ¿Qué hay que hacer? Hay que investigarlos, capturarlos, someterlos a un debido proceso, sentenciarlos, meterlos a la cárcel», destacó.

Señaló que el expresidente aprovechó el empuje de las organizaciones de la sociedad civil para incorporar a su «estrategia» lo que había planteado desde 2007 y que fueron una serie de acciones que vulneraron la Constitución.

«Esas consecuencias de una decisión de esa índole son las que estamos padeciendo, por eso es que se dispararon delitos de alto impacto», agregó.

Aseguró que en México el secuestro no se ha combatido desde la raíz, ya que el problema se origina en la primera infancia de los delincuentes.

Dijo que un común denominador de los plagiarios es que de los cero a los tres años vivieron en medio de un ambiente devastador, en el que generalmente fueron violentados.

Sostuvo que en el país se deben impulsar políticas públicas encaminadas a atender esta primera infancia, las cuales señaló, serían claves para combatir este delito.

Sipse

México

INE impone multas por 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial por uso de acordeones y otras irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes la imposición de sanciones económicas por aproximadamente 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial del pasado 1 de junio, tras detectar diversas irregularidades, entre ellas la utilización de acordeones para inducir el voto.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE revisó los informes de gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las elecciones judiciales locales celebradas en 19 entidades federativas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, con un universo auditado cercano a los 900 millones de pesos. Humphrey destacó que esta fiscalización representa el cierre técnico e institucional del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país.

De acuerdo con los datos presentados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó un total de 17 mil 596 conductas irregulares: 8 mil 49 a nivel federal y 9 mil 547 en los comicios judiciales locales. Por estas faltas, se propusieron sanciones por más de 10 millones de pesos en el ámbito federal y 8 millones en el local.

Entre los sancionados se encuentran los nueve candidatos ganadores de los cargos federales, incluyendo al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Una de las principales controversias giró en torno al uso de acordeones durante la jornada electoral. Mientras algunos consejeros calificaron esta práctica como “propaganda ilícita” al no haber sido reportada en los gastos de campaña, otros cuestionaron la validez jurídica de sancionar sin pruebas concluyentes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con las sanciones derivadas de los acordeones, al considerar que no existe “sustento jurídico suficiente” para su aplicación. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que las únicas evidencias físicas corresponden a 336 acordeones de 10 modelos diferentes, sin que se haya podido acreditar quién los imprimió, su costo ni su distribución exacta.

No obstante, el consejero Arturo Castillo afirmó que la presencia de acordeones no reportados constituye una falta grave que debe ser sancionada, aun cuando los beneficiarios hayan resultado electos. En ese mismo sentido, Carla Humphrey subrayó que quienes aspiren a interpretar la ley deben ser los primeros en acatarla.

El pasado 15 de junio, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esta elección judicial histórica, derivada de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de once a nueve y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para supervisar a jueces de todo el país

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