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Política

El secuestro subió 410 % con Felipe Calderón: Renato Sales Heredia

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El coordinador nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, afirmó que el gobierno de Felipe Calderón aplicó una «estrategia» fallida contra la delincuencia que disparó delitos de alto impacto, como el homicidio y el secuestro.

Durante una conferencia magistral en el Colegio de México, que ofreció en el contexto del Seminario sobre Violencia y Paz, expuso que entre 2005 y 2012 los plagios a escala nacional crecieron 410 por ciento, al pasar de 278 a mil 418.

En 2013 se contabilizaron mil 698 secuestros, la cifra anual más alta desde que fue creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1997, y en 2014 la cifra llegó a mil 418.

Asimismo, desdeñó el «populismo penal» en referencia al incremento de las penas de más de 100 años a secuestradores impulsadas desde el poder legislativo, a las que calificó de «ridículas».

Sin embargo, destacó que con las acciones que se han realizado de manera coordinada en esta administración se empieza a reducir la tendencia de secuestros, pues aunque falta mucho por hacer en 2015 se han registrado 354 casos denunciados.

El funcionario criticó el término «guerra» contra el narcotráfico que se adoptó el sexenio anterior, en el que dijo que se subvirtió el orden constitucional al suspenderse de facto las garantías individuales de los ciudadanos, y se vulgarizó el estado de excepción.

El común denominador de los secuestradores es que vivieron en un ambiente devastador, en el que fueron violentados

Cuestionó el proyecto del expresidente, pues señaló que se permitieron arraigos sin autorización judicial, así como la intervención ilegal de comunicaciones privadas a cargo de los policías, a quienes, ironizó, «se les dio licencia de 007».

Sostuvo que Calderón intentó aplicar la estrategia de enemistad usada por Estados Unidos contra los terroristas.

«La ONU establece que la peor variante de los estados de excepción es el estado de excepción sofisticado (…) se le declaró la guerra al narcotráfico ¿a quién se imitó? ¿y qué estaba pasando internacionalmente en ese momento?», cuestionó.

Añadió: «(Declarar) ¿la guerra? Pues si es un abogado el que está diciendo esto (Calderón). ¿Cómo la guerra? Ésta requiere de la aprobación del Congreso.

«Los delincuentes no son enemigos, son delincuentes. ¿Qué hay que hacer? Hay que investigarlos, capturarlos, someterlos a un debido proceso, sentenciarlos, meterlos a la cárcel», destacó.

Señaló que el expresidente aprovechó el empuje de las organizaciones de la sociedad civil para incorporar a su «estrategia» lo que había planteado desde 2007 y que fueron una serie de acciones que vulneraron la Constitución.

«Esas consecuencias de una decisión de esa índole son las que estamos padeciendo, por eso es que se dispararon delitos de alto impacto», agregó.

Aseguró que en México el secuestro no se ha combatido desde la raíz, ya que el problema se origina en la primera infancia de los delincuentes.

Dijo que un común denominador de los plagiarios es que de los cero a los tres años vivieron en medio de un ambiente devastador, en el que generalmente fueron violentados.

Sostuvo que en el país se deben impulsar políticas públicas encaminadas a atender esta primera infancia, las cuales señaló, serían claves para combatir este delito.

Sipse

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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