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El símbolo del soborno en la era EPN: Las cajas fuertes de Lozoya

En medio de la expectativa por la llegada a México del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, detenido en España con fines de extradición, han surgido diversas versiones en torno a su presunta entrega de sobornos a funcionarios y legisladores con la finalidad aprobar la reforma energética y obtención de contratos millonarios.

A más de una semana de haber llegado a México, Lozoya Austin no ha pisado un juzgado bajo el argumento de la Fiscalía General de la República (FGR) de que su estado de salud es delicado, y la posibilidad de que pueda gozar del estatus de “testigo colaborador“, como lo ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A meses de que tramitara su extradición y a poco más de una semana de su llegada a México como detenido, aun no se da fecha par su comparecencia ante un juez para responder por las acusaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que pesan sobre él, según se informó en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró al mismo noticiero que Lozoya Austin ya fue presentado ante un juez a su llegada a México y que su estatus es el de detenido.

Durante la búsqueda y posterior detención de Emilio Lozoya, su entonces abogado, Javier Coello Trejo no se cansó de declarar públicamente que su entonces cliente “no se mandaba solo” y que detrás de sus actos siembre hubo una autoridad superior que estuvo enterada de sus movimientos.

Los sobornos
Lo anterior ha sido corroborado por el periodista Carlos Loret de Mola quien reveló en su columna para El Universal que “los fajos de billetes de los sobornos por la reforma energética solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y de otras boutiques carísimas, engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido”.

Además, aseguró que el dinero permanecía resguardado en cajas fuertes en la zona de Polanco en la Ciudad de México e incluso las describió.

Medían como un metro y medio de altura (las cajas fuertes). Les cabía más cash de lo que uno pudiera imaginar. Sólo se abrían bajo las órdenes de Froylán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto”, escribió el periodista sobre estas cajas.
En su columna, Loret de Mola sostuvo que los sobornos “a veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, se veía a legisladores al terminar sus jornadas de trabajo, desfilando en los pasillos de las Cámaras de Diputados y Senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches”.

Incluso aseguró que sus fuentes le revelaron que ese era el “modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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