El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha destinado más de cuatro millones de pesos en mobiliario de alta gama entre 2019 y 2025, en un gasto que contrasta con la política de austeridad promovida por el gobierno federal. Documentos obtenidos por Latinus vía transparencia revelan compras de sillones, sillas ejecutivas y muebles de diseño adquiridos a tiendas y despachos de arquitectura de prestigio.
En total, el Tribunal pagó 4 millones 41 mil 373 pesos bajo las presidencias de Alfredo Fuentes, José Luis Vargas, Reyes Rodríguez y Mónica Soto. Las facturas muestran adquisiciones que van desde mobiliario básico hasta piezas de lujo importadas.
Entre los ejemplos más llamativos, en febrero de 2024 se compró en Casa de las Lomas un sillón reclinable modelo Aspen, color negro, con un costo de 14 mil 223 pesos. Un mes después, se pagaron 16 mil 454 pesos por una cocina blanca de diseño y 55 mil 477 pesos por un stand modular con capacitación incluida.
En 2023, el Tribunal desembolsó 249 mil 864 pesos por 30 butacas modelo Argentina, de la marca Euro Seating America, y casi 30 mil pesos en López Morton por un sillón de piel importado. Ese mismo año se adquirió una silla Aeron de Herman Miller por 17 mil 194 pesos y mesas de acero italianas por 39 mil 440.
Los registros de 2022 también reflejan compras considerables: sillones ejecutivos por 40 mil pesos, una silla Herman Miller por 26 mil 300, un gabinete industrial por 25 mil y sillas de ruedas de la marca Safety Chair con valor de 89 mil 999 pesos. A ello se suman 45 mil pesos por una mesa y ocho sillas, y casi 50 mil por una rampa portátil para personas con discapacidad.
Incluso en plena pandemia, el gasto continuó. En 2020 el Tribunal adquirió sofás, mesas de caoba y equipo de audio y video por montos que superaron los 400 mil pesos.
El gasto más alto se registró en 2019, cuando el TEPJF destinó más de 2 millones 100 mil pesos a estaciones de trabajo, mesas modulares y sillones individuales, además de 148 mil pesos por 20 sillas giratorias.
Estas adquisiciones, realizadas en un contexto de recortes y discursos de austeridad, contrastan con las limitaciones presupuestales que enfrenta el resto del Poder Judicial y reavivan el debate sobre el uso de recursos públicos en instituciones que deberían ser ejemplo de eficiencia y sobriedad.
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