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El Vaticano expresa “vergüenza y dolor” por los 300 curas pederastas de Pensilvania

Para muchos no será suficiente la posición de El Vaticano con respecto al caso de sacerdotes pederastas en Pensilvania… pero bueno, es mejor que lo que dijo el cardenal mexicano Sergio Obeso, ¿no?
Por si han estado encerrados en la iglesia rezando sus respectivos “padres nuestros”, quizás no están enterados del caso de Pensilvania. En resumidas cuentas, es así: las autoridades revelaron que más de mil niños habrían sido abusados sexualmente. ¿Los responsables? Trescientos sacerdotes, quienes durante décadas aprovecharon su autoridad para perpetrar horrendos crímenes contra menores.

Conferencia de prensa del fiscal general de Pensilvania. Foto: AP
Obviamente el caso es todo un escándalo a nivel internacional y las miradas interesadas estaban puestas en la santa sede. Pues a ver cuándo salía a dar la cara algún representante para posicionarse sobre lo que hicieron los “querubines”. Y ya sucedió. Por medio de un comunicado, El Vaticano señaló que siente “vergüenza y dolor” por el caso de Pensilvania y considera que los responsables (y quienes lo permitieron) deben de asumir sus responsabilidades.

“La Iglesia debe aprender duras lecciones de su pasado y debería haber asunción de responsabilidad tanto por parte de los abusadores como por parte de los que permitieron que se produjera”, señala el comunicado emitido este jueves desde la sede de la iglesia católica.

Ya que no hay forma de cubrir los hechos (las autoridades aseguran tener evidencia más que confiable de las denuncias), El Vaticano no pudo más que calificar de “criminales y moralmente reprobables” a los 300 sacerdotes pederastas. “Han traicionado la confianza y han robado a las víctimas su dignidad y su fe”, remata el comunicado firmado por el director de la oficina de prensa de la santa sede, Greg Burke.
En el texto, Burke señala que el Papa Francisco tiene conocimiento de los hechos y “está de parte de las víctimas”… sin embargo, el posicionamiento no podía terminar sin matizar un poquito la situación. ¿Se podía? Siempre hay forma: El Vaticano remarca que el reporte de las autoridades de Pensilvania indica que a partir del año 2000 los abusos fueron a la baja. Es decir, la mayoría de los casos son de hace más de 20 años y “apenas” si hay hechos después del 2002… muestra clara de que “las reformas hechas por la Iglesia Católica en Estados Unidos han reducido drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero”. Amén.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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