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Opinión

El verdadero voto útil es valiente y libre. Por Caleb Ordóñez T.

Levantarle la mano a un candidato no sólo supone mucho, cuesta demasiado.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

A unos días de la elección, sabemos que el voto es la fuerza más grande que tiene la gente, en el país nos conocen por bravos, valientes y echados para delante. Una raza noble, con un amor desmedido por su tierra. El Chihuahuense no es tonto, ya ha conocido etapas de la historia que lo ha marcado, su generosidad lo ha hecho caer en trampas de muchos políticos sin decencia y hemos librado batallas que nunca pedimos.

Me enorgullece en demasía, ser forjado en la tierra de los aires extremos, el calor fustigante y el frío que trasciende hasta los huesos. Esos y otros factores nos han hecho de ímpetu fuerte y hasta inquebrantable, esto lo representan el campesino y la madre soltera, trabajador de la maquila, que deben levantarse muy temprano a sacar adelante a sus familias y por ende las ciudades y al Estado mismo.

ciudad-juarez Gente tan buena no merece el panorama que se vive en la elección. Porque hemos sufrido bastante ya con la fallida guerra de Felipe Calderón, que perdió en Ciudad Juárez, dejando a más de 4,500 niños y adolecentes ejecutados, a 25,000 viudas y regaron la sangre de más de 75,000 personas en la frontera más grande y orgullo de todo Chihuahuense. Porque gracias a la tiranía y la terquedad de ese ex presidente estuvimos presos del terror y no dejábamos de sorprendernos por los decapitados, hombres colgados en puentes y cartulinas clavadas en los tórax dejando mensajes llenos de odio y venganza. Calderón nunca tuvo un mensaje de consuelo, nunca le habló a los chihuahuenses de frente, nos dejó a la suerte de los grupos criminales. Pero en el clima de las campañas si regresa, encubierto por su cobardía y poco más de 100 escoltas, levanta la mano de Javier Corral y le pide a todos votar por él y éste recibe con una gran sonrisa y agradecimientos y apoyo, porque suponen ser iguales.

duarte y juangabr Chihuahua parecía que no podía más, no debía ser más golpeado y traicionado, pero llegó César Duarte. El cinismo del gobernador represor llegó a niveles insospechables incluso hasta confesar a nivel nacional que si invirtió en un negocio turbio y a todas luces corrupto «pero no sabía lo que firmaba» a lo macho. Como si su palabra fuera valiosa, como si olvidáramos de pronto que somos el primer lugar nacional en corrupción, que los negocios al amparo del poder son una realidad común y que cada Chihuahuense debe poco más de 12,000 pesos por la deuda y el obvio fracaso del gobierno más enviciado de la historia, con fiestas majestuosas teniendo al César de anfitrión, sentado en su trono, inflamado de egocentrismo, orgullo y tiranía. Porque en los miles de pesos de botellas de vino que se bebió el Gobernador y sus amigos en restaurantes, también se tragaba el dolor de un Estado que ha incrementado la miseria de manera más que alarmante. A éste hombre con una investigación abierta por parte de la PGR , el candidato del PRI Enrique Serrano llama «El mejor gobernador de la historia», lo abraza, le dice que será difícil ser como él, porque suponen ser iguales.

La historia de este 5 de Junio tiene un sello característico, aunque no sé si las intenciones hacia Chihuahua de este par de candidatos sean positivas, sabemos que hoy cargan con la cruz de su apoyo por la corrupción de los gobiernos anteriores, una cosa entiendo (y sé que tú también) se deben a un sistema partidista que no los va a dejar moverse de manera libre. Son parte de la enfermedad más grande del país, del gobernante que llega al poder con cuotas por repartir, con los grilletes del servilismo a su color y a su partido. Son lo mismo. Y en lo personal me puede como chihuahuense, ver cómo los enemigos del pueblo tienen sus fichas y las quieren mover a su favor. Yo no quiero a Calderón de regreso en Chihuahua, porque si Duarte tiene una averiguación abierta en la PGR, Calderón la tiene en la corte de Haya ¿Por qué no se lanza Corral contra éste presunto asesino y promete encarcelarlo si tanto daño hizo a Juárez? ¿Por qué Serrano insiste en arrodillarse contra quien parece su «jefe», traidor de Chihuahua?
Levantarle la mano a alguien no significa solamente apoyarlo, va mucho más que eso, es entregar la voluntad y yo, como tú, quiero ver a mi tierra libre.

A mi querido amigo Víctor Quintana, a mis siempre admirados y apreciados Jaime García Chávez, Víctor Orozco y Sergio Valles, a todas las mujeres y hombres de buena voluntad que hoy piden el #VotoUtil, no se equivoquen, la historia nos llama a pedir el #VotoRazonado, el Voto Valiente, aquel que no se arrodilla ante los partidos y sus vicios, que se hace con la conciencia y se deposita por AMOR a Chihuahua.

A todos mis paisanos chihuahuenses, salgamos a votar SIN MIEDO.

Facebook: CalebOrdonezT
Twitter: CalebMX

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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