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México

Elección en Coahuila, otra vez en riesgo de ser anulada por topes de campaña

La elección en Coahuila aún no termina, nuevamente el INE cargó gastos a Riquelme, ganador de la contienda, y lo colocó por fuera del margen legal. La resolución podrá ser apelada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Elección en Coahuila, otra vez en riesgo de ser anulada por topes de campaña | La Crónica de Hoy
El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó cargar nuevos gastos de campaña al gobernador priista electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con lo que sus cuentas oficiales quedan 9.2 por ciento por encima del techo establecido. Nuevamente la sombra de la anulación (y de la inhabilitación de Riquelme para contender en elecciones extraordinarias) ha aparecido en el horizonte.

Esta decisión se da a partir de la atención a una queja presentada por el PAN en el sentido de que había gastos de producción de videos propagandísticos que no se le habían sumado.

Como se recordará el PRI había superado el tema Facebook (otro gasto que el INE consideró adicional y que el Tribunal Electoral federal decidió desechar) y ahora el camino para Riquelme y el tricolor es el mismo: buscar revertir la decisión del consejo en el TEPJF.

La votación muestra lo dividido que está el parecer de los consejeros en torno al caso Coahuila: seis votos a favor y cinco en contra.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que “la idea de la Comisión es clara, no se puede confundir gasto en colocación de propaganda con gasto de producción de la misma; una cosa es producir un video y otra cosa pagar a Facebook por su exhibición”.

Añadió que un peso que sale de la contabilidad de una campaña, no puede destinarse íntegramente a cubrir dos pagos distintos a la vez.

El costo determinado, según la matriz de precios utilizada en el dictamen correspondiente, fue de 17 mil 400 pesos para el tipo de videos que no se le habrían cargado a las cuentas de Riquelme, por lo que los 84 videos no contabilizados representaron millón 461 mil 600 pesos adicionales.

El rebase al tope de campaña más allá de un 5 por ciento es sancionado por la Constitución con la nulidad de la elección y la imposibilidad de que el candidato infractor se presente a la elección extraordinaria. Riquelme tiene en este momento un rebase al tope de gasto de campaña por 1.77 millones de pesos, equivalentes a un rebase de 9.2 por ciento.

De los 151 videos denunciados, se encontraron 22 que sí estaban en las pólizas de Arte y Comunicación o en la respuesta que dio a la UTF ese proveedor, por tanto, no se adicionaron a las cuentas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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