El embarazo de una niña de 11 años, que denuncia haber sido violada por su padrastro de 41, ha encendido nuevamente el debate del aborto en Chile. La menor, habitante de Villarrica, tiene unas 20 semanas de gestación, según han podido constatar los especialistas que la examinaron. A ellos confesó los abusos a los que era sometida cuando se quedaba al cuidado del hombre.

La niña comenzó a experimentar cambios físicos y de comportamiento, que fueron advertidos por sus profesores. Este lunes, relató las reiteradas agresiones de la pareja de su madre, quien la amenazó para que no contara lo que estaba ocurriendo. En paralelo, la madre de la menor denunció los hechos a la Policía de Investigaciones de su ciudad. Tras confirmarse el embarazo, la Fiscalía de Villarrica ordenó la captura del hombre, que permanece detenido a la espera de que la Justicia formalice la acusación en su contra este jueves.

En un país donde la interrupción del embarazo está prohibida en todas sus causales desde 1989, ni las víctimas ni sus familias acostumbran a pedir un aborto públicamente, pues no se percibe como una alternativa posible.

Como compromiso de su programa de Gobierno de este segundo período (2014-2018), Michelle Bachelet prometió una ley que despenalice el aborto en tres causales: peligro de vida para la madre, malformación fetal y violación. La medida apenas resolvería un 5% de los 70.000 abortos clandestinos que se realizan anualmente en Chile.

En enero de 2015, el proyecto de despenalización ingresó en la Cámara para su tramitación. Tras un año de debate, los diputados lo aprobaron en un primer paso legislativo en marzo pasado. Después de cinco meses, el Senado sigue su discusión en la comisión de Salud y se espera que en las próximas semanas termine el período de audiencias con especialistas.

El debate ha sido fuerte tanto en el Congreso como entre la ciudadanía y cada vez que se conocen casos como el de la niña de Villarrica, la ley de aborto vuelve a la primera línea de la agenda informativa. Su aprobación, en cualquier caso, tampoco cambiaría el destino de la joven. El texto que se discute indica que en caso de violación –que es la causal más polémica de las tres–, existiría un plazo máximo de 12 semanas de gestación para realizar la interrupción, aunque se extiende a 14 semanas si se trata de menores de 14 años. Con sus 20 semanas de embarazo, la niña ya no podría abortar.

Las organizaciones de derechos humanos y feministas nuevamente se han movilizado ante el caso. Para Camila Maturana, de Corporación Humanas, “este tipo de situaciones lamentablemente pone de manifiesto la magnitud de la violencia sexual en Chile, sobre todo contra las niñas y adolescentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad”. “Formulamos un llamado ético a los legisladores a mirar esta realidad trágica. Resulta urgente aprobar a la brevedad el proyecto de ley de aborto en tres causales y a revisar los contenidos de lo que se está debatiendo, porque determinados aspectos no contribuyen necesariamente a proteger a las víctimas”, indica Maturana.

En Chile existen pocos datos cuantitativos sobre los embarazos producto de una violación. La especialista en ginecología infantil y adolescente, Andrea Huneeus, compareció en 2015 ante los parlamentarios de la Cámara y proporcionó cifras reveladoras. “El 66% de las embarazadas por violación es menor de edad y el 11% tiene menos de 12 años. Es decir, son niñas”, señaló Huneeus en una entrevista a la revista chilena PAULA. Según la especialista, en un 90% de los casos son embarazadas por algún familiar o conocido. “Por las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en las menores de edad embarazadas por violación lo ideal sería dejarlo sin limitación de tiempo”, indicó Huneeus a PAULA.
ElPais