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México

Embargan a ex-gobernador Rodrigo Medina acusado de corrupción, será arraigado

En conferencia de prensa, Aldo Fasci fiscal anti-corrupción informó que se presentaron cargos contra el exmandatario así como cuatro funcionarios de alto nivel, cinco servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados, 10 empresarios, dos funcionarios bancarios y familiares y socios de Medina.
El daño patrimonial que encontró la fiscalía asciende a 3 mil 600 millones de pesos.

La Subprocuraduría Anticorrupción reveló que se recibió por un juez el aseguramiento y embargo de bienes a 7 funcionarios públicos e incluyendo el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, para que respondan a imputaciones de corrupción que presentará la fiscalía.

En 16 casos responsabilidad administrativa, se han dictado 5 resoluciones a los ex funcionarios Rodolfo Gómez Acosta, ex Secretario de Finanzas y Tesorería; Juan Francisco Livas, ex director del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola; Rolando Zubirán Robert, ex Secretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín, Secretario de Obras Públicas y Ramón Villagómez, ex director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.

A los ex funcionarios se les aplicó inhabilitación por 10 años y sanción resarcitoria por 210 millones de pesos.

Otro funcionario al que se le detectaron irregularidades es Víctor Ramón Martínez Trujillo, ex titular del Sistema Estatal de Caminos al que se le dio inhabilitación de 10 años y sanción resarcitoria por 12 millones 900 mil pesos.

Aldo Fasci informó que en el momento se están llevando a cabo el aseguramiento y embargo de bienes, pero se restringió la información de los mismo por proceso que se está realizando.

Por su parte, Cantú Suárez informó que se han integrado 117 casos, los cuales 42 en la contraloría, en 28 se inició procedimiento de responsabilidad y en 47 casos se encontró una presunta responsabilidad penal.

Los casos se detectaron en las Secretaría del Trabajo, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas y Tesorería, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Servicios de Salud, Sistemas Estatal de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Metrorrey y Secretaría General de Gobierno.

Cantú Suárez informó que en Obras Pública se realizó una auditoría al sexenio 2010-2015 y en el 60 por ciento de las obras contratadas se encontraron irregulares, como la falta parcial o total de comprobantes de pago y facturas que no que no corresponden, entre otras.

También van por ex alcaldesa panista

La fiscalía también informó que se procederá contra la exalcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes, por la aprobación de servicios de protección a funcionarios municipales antes de que dejara el cargo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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