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Emilio Azcárraga Jean dejará de ser el CEO de Televisa

Emilio Azcárraga Jean dejará de ser el director general (CEO) de Televisa, aunque se mantendrá como presidente del Consejo de la compañía de medios, informó este jueves la empresa.

La dirección de la compañía recaerá en los actuales vicepresidentes Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, quienes a partir del 1 de enero de 2018 llevarán las riendas de la empresa como co-presidentes ejecutivos reportando directamente al Consejo de Administración.

El periódico estadounidense The Wall Street Journal fue el primero en reportar el movimiento, y más tarde la compañía confirmó los cambios en un comunicado dirigido a sus inversionistas y emitido en Nueva York.

“Confío ampliamente en la capacidad de Bernardo y de Alfonso y estoy seguro que Televisa continuará fortaleciendo su posición en México como una de las empresas de telecomunicaciones con mayor crecimiento y como el principal productor de contenidos en español a nivel mundial, creando valor para nuestros accionistas”, dijo Azcárraga Jean según el comunicado.

El empresario continuará al frente de la división de futbol y el Club América así como de la Fundación Televisa, y se mantendrá al frente del desarrollo de la estrategia de largo plazo de la compañía ocupando el cargo de presidente ejecutivo del Consejo de Administración.

Azcárraga, de 49 años de edad, estuvo durante 20 años al frente de Televisa, y es el heredero de la firma que antes lideraron su padre y su abuelo, Emilio Azcárraga Milmo y Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Azcárraga Jean tomó la dirección de Televisa en 1997 tras la muerte de su padre, y poco después de su llegada se incorporaron al consejo directivo tanto Angoitia como Gómez.

“Nuestra industria está pasando por una transformación muy importante, que nos presenta grandes retos, pero oportunidades aún mayores. Por más de dos décadas, y durante periodos críticos en nuestro negocio, Bernardo y Alfonso han mostrado ser ejecutivos con gran compromiso y dedicación y sus contribuciones a Televisa superan el cargo que ocupan. Sus nuevas funciones y su liderazgo me permitirán enfocarme en la estrategia de largo plazo de la compañía”, agregó Azcárraga Jean.

El empresario se mantiene como el accionista individual más grande de Televisa, al poseer alrededor de 15% de los títulos de la compañía. A mitad de la jornada este jueves, las acciones de la empresa ganaban 1.27% y se negocian en 91.40 pesos en la Bolsa mexicana.

El Wall Street Journal dijo que la salida de Azcárraga Jean pone fin a una era en que la familia llevaba las riendas de la compañía, y el movimiento sucede en medio de las dificultades que tiene la empresa para pelear por el mercado publicitario y la llegada de nuevos competidores en la televisión y los servicios de streaming en internet.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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