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México

Emisiones de carbono aumentarían hasta 65% con la reforma eléctrica de AMLO: Departamento de Energía de EU

Un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos indica que, de aprobarse en México la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentarían las emisiones de carbono hasta en 65%, mientras que los costos de generación de electricidad se incrementarían hasta en 54%.

Los datos del informe de la NREL fueron difundidos por Bloomberg –que tuvo acceso a un borrador del documento– en un artículo titulado AMLO’s Mexico Power Bill Would Raise Carbon Emissions: US Agency NREL (Proyecto de ley de energía de AMLO en México aumentaría las emisiones de carbono: Agencia de EU NREL).

El NREL indica que otorgar el 54% del mercado de generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocaría que las emisiones de carbono aumenten entre un 26% y un 65%, y los costos de generación de electricidad entre un 32% y un 54%. Además, advirtió que los cortes de energía (apagones) también aumentarían entre 8% y 35%.

“La reforma propuesta cancelaría los permisos de generación de electricidad existentes y daría prioridad a las antiguas centrales hidroeléctricas de la CFE, seguidas de sus centrales nucleares y de gas, que también queman combustibles fósiles. La energía del sector privado ocuparía un lugar más bajo en la lista, con proyectos eólicos y solares renovables cerca de la parte inferior, superando sólo a la generación a gas y carbón de proveedores no estatales”, señala Bloomberg.

El estudio de NREL también considera que las reformas pondrían en peligro los compromisos suscritos por México en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, en línea con lo ya manifestado por las agrupaciones del sector de las energías renovables, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).

Ayer miércoles, en una comparecencia en la Cámara de Diputados marcada por reproches y enfrentamientos, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, anunció que, de aprobarse la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la tarifa de luz será única a nivel nacional. Además, descartó expropiaciones y “cataclismo de demandas y pleitos” por parte de privados.

Bartlett se ha centrado en denostar la reforma energética de 2013, por propiciar el “atraco a la nación”. Por ello, ha defendido la reforma eléctrica propuesta por López Obrador.

“Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país. Ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples tarifas que generan un problema en diferentes estados. Eso es un obstáculo para el desarrollo del país. Vemos que las empresas andan buscando cuál es la tarifa baja e instalarse en donde sea la tarifa baja”, dijo.

Bartlett expuso que la Ley de la Industria Eléctrica aprobada este año por el Congreso ha provocado una guerra legal promovida por despachos, bufetes y cabilderos de intereses privados que han tendido un cerco al gobierno. También acusó a la Comisión Federal de Competencia Económica de sumarse a la campaña de desprestigio contra la CFE.

“La reacción de los intereses creados fue tal que volvió al Ejecutivo Federal en una verdadera guerra legal. Se tienen registrados mil 77 amparos, cinco controversias constitucionales contra nueve disposiciones de la Sener, Cenace y la CRE”, detalló.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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