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Empleado con VIH abusaba de niños en albergue de inmigrantes

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Un ex trabajador de un albergue para menores inmigrantes en Arizona, fue sentenciado  a 19 años de prisión por abusar sexualmente de siete varones adolescentes recluidos en ese lugar, informó la Oficina de Fiscales de Estados Unidos.

Levian «N», quien es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), fue condenado por el juez de distrito Steven P. Logan a 19 años de confinamiento, seguido de libertad supervisada de por vida.
El hombre había sido condenado previamente por un jurado federal por siete cargos de contacto sexual abusivo y tres de abuso sexual con pupilos.
El albergue es operado por la empresa Southwest Key en Phoenix (Arizona).

Fue el pasado 14 de enero que el jurado condenó al empleado por abusar sexualmente de varios menores en más de una ocasión, por lo que el juez Logan ordenó que varios de los cargos se ejecutaran consecutivamente.

La sentencia máxima legal para el abuso sexual a un pupilo es de 15 años en prisión, y el máximo legal para el contacto sexual abusivo es de 2 años, pero la de Levian aumentó debido a que expuso a algunas de sus víctimas al virus del VIH.
Entre agosto de 2016 y julio de 2017, el ahora condenado abusó sexualmente de numerosos adolescentes varones de entre 15 y 17 años, en la Casa Kokopelli Southwest Key Facilit, en Mesa (Arizona).

El acusado trabajó en el refugio Casa Kokopelli, uno de los ocho que Southwest Key administra en Arizona, donde fue empleado sin una verificación previa sobre sus antecedentes penales o condenas anteriores por delitos sexuales.

Levian fue acusado formalmente en agosto de 2017, luego de una investigación de la policía local y del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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