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México

Empleados implicados en empresas fantasma de Duarte confiesan fraude y complicidad de notarios públicos

Empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, recepcionistas, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. Todos empleados de un despacho de contadores y personas de bajos recursos que fueron convertidos, en el papel, en flamantes empresarios con la complicidad de notarios públicos.

Fue una simulación a la que siguió otra: la de funcionarios que fabricaron licitaciones que nunca ocurrieron, por bienes que no se entregaron, y donde incluso se expidieron contratos con firmas falsificadas para que los mencionados “empresarios” no se enteraran que se les adjudicaban millones y millones de pesos del erario.

Así se fraguó y ejecutó uno de los mayores desfalcos de recursos públicos de los que haya registro en México: el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos a través de empresas fantasma en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Se trata del fraude revelado en su momento por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pero que ahora es confesado directamente por 17 de los implicados, entre accionistas de las empresas fachada y exfuncionarios, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las declaraciones fueron recabadas entre enero y marzo de este año por la Fiscalía y forman parte del expediente con el cual se solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra de 25 personas, entre los que se encuentra el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá y el contador Víctor Manuel López Gachuz, propietario del despacho de contadores implicado en la creación de las empresas fachada.

Por ahora las investigaciones de la Fiscalía se han centrado en los pagos por poco mas de 100 millones de pesos que salieron del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma, en los dos primeros años del sexenio de Duarte y con Karime Macías al frente de ese organismo.

Los testimonios arrojan elementos nuevos o confirman otros, como por ejemplo las actuaciones irregulares de los notarios públicos que constituyeron estas empresas dando fe de hechos que eran falsos, y el involucramiento del despacho de contadores.

Hay además la declaración de la exjefa de licitaciones del DIF Veracruz en la que señala que en 2017 quiso confesar ante la autoridad todo lo que había ocurrido tras los reportajes publicados, pero que no lo hizo pues su exjefe le advirtió que “se meterían en problemas” y que detrás de todo había “personas peligrosas”. Hoy, señala que teme por su vida y la de su familia.

10 de las 25 personas en contra de las que se giraron las órdenes de aprehensión ya fueron detenidas. Este jueves, un juez determinó vincularlos a proceso por diversos delitos entre ellos el de asociación delictuosa. Tarek y Gachuz continúan prófugos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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