La Corte Superior de Justicia de Arequipa ha ordenado la destitución del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y sus sustitución por el vicegobernador, Walter Gutiérrez, debido a la mala gestión de la crisis del coronavirus.

El fallo estima la demanda de Acción de Amparo interpuesta por Pool Alarcón Barrionuevo en contra de autoridades regionales y nacionales por no haber aplicado debidamente el Protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por la COVID-19.

«Habiéndose vulnerado el derecho a la salud de la población y por tanto dispone la destitución del presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; conforme al Art. 22 del Código Procesal Constitucional», explica la sentencia.

La decisión se sustenta en el incumplimiento de la medida cautelar el mismo órgano judicial el 29 de mayo. La sentencia considera insuficientes los test realizados y denuncia la muerte de personal sanitario tras la falta de equipos de protección adecuados.

Contra esta sentencia cabe apelación en el plazo máximo de tres días hábiles desde que sea notificado el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

Perú es el 12º país del mundo por número de contagios y suma 950.557 casos confirmados y 35.641 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus, según datos oficiales.

Fuente: Publimetro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) podría emitir un amparo para dar a conocer el expediente del cardenal Norberto Rivera Carrera, actual arzobispo primado emérito de la Arquidiócesis de México, sobre las denuncias que tiene en su contra por el posible ocultamiento de casos de pederastia de 15 sacerdotes.

Luego de que en 2017, el exsacerdote Alberto Athié denunciara a Rivera Carrera ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por ocultar acciones de pederastia de sacerdotes, un ministro de la SCJN propondrá otorgar un amparo que permita a los denunciantes conocer el avance de las diligencias contra el cardenal mexicano.

Además, el eclesiástico ya era señalado por el posible encubrimiento de las acciones del sacerdote Nicolás Aguilar, quien fue denunciado en Estados Unidos por presuntos casos de pederastia.  En 2007, Rivera Carrera reconoció no haber solicitado que se investigara a Aguilar, a pesar de las acusaciones que este tenía en su contra.

Cabe mencionar que después de que Athié realizara una denuncia formal en 2017 ante la PGR contra el cardenal por posible ocultamiento de casos de pederastia, la dependencia le negó el acceso a la investigación por no tener carácter de víctima.

Por lo cual, en 2018, el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso amparar al exsacerdote para que este pudiera conocer el avance de las diligencias; sin embargo, la iniciativa solo fue apoyada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y tuvo que ser desechada.

Ahora, según informa el diario Milenio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menapresentará el próximo 25 de noviembre un nuevo proyecto para otorgar un amparo en el que solicite a la autoridad correspondiente: analizar la posibilidad de que el denunciante tenga acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos.

De igual forma, el proyecto propone que las autoridades analicen el interés que tiene la sociedad de «conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos».

Para ello, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señala que la sociedad en general tiene derecho de acceder a la información que se expone en las averiguaciones previas asociadas con violaciones graves a derechos humanos, «pues dicha circunstancia se asocia también con la garantía de su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en dichas violaciones».

De acuerdo con declaraciones de Rivera, este tenía conocimiento de 15 casos de sacerdotes pederastas, por lo que fueron investigados y enviado los expedientes al Vaticano; en respuesta, el papa los había sentenciado.

No obstante, a través de solicitudes de información, Alberto Athié encontró que no existían tales denuncias en ninguna de las instancias legales competentes: la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR ni la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En consecuencia, Athié promovió una denuncia contra Rivera Carrera que terminó en la apertura de un expediente por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR.

Pero a pesar de ser el principal promovente de la denuncia, la PGR no le permitió al exsacerdote conocer la investigación; por lo que, este promovió un amparo que le fue negado por considerar que «carecía de interés jurídico».

Por esta razón, el nuevo proyecto presentado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone que el Ministerio Público debe seguir los lineamientos legales para dar a conocer el expediente de Rivera Carrera con base en la excepción que alude a casos que involucren graves violaciones a los derechos humanos.

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, negocia un criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Robles Berlanga se acogerá a esta figura que implica la extinción de la persecución penal a cambio de información.

Actualmente enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y la FGR tiene pendiente ejecutarle una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En agosto pasado y antes de que se diera a conocer de los nuevos delitos, Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, aseguró a El Heraldo de México que ella descarta un criterio de oportunidad porque no tiene a quién delatar, videos para entregar o recursos económicos obtenidos de algún delito para cubrir la reparación del daño.

También se le cuestionó si Robles Berlanga aceptaría un procedimiento abreviado, que implica declararse culpable, y éste dijo que si la Fiscalía hace la propuesta tendría que revisarla e informar a Robles, pero ella ha reiterado que es inocente.

Mendieta acudió este lunes a la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla a ver a Robles Berlanga para definir la estrategia jurídica y revisar las condiciones del criterio de oportunidad.

Con información y permiso de El Heraldo de México.