Conecta con nosotros

Slider Principal

Empresarios buscan pacto por la seguridad nacional

Líderes de las cúpulas empresariales afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hicieron un llamado “de alerta y de urgencia” a generar un pacto por la seguridad, la certeza y la gobernabilidad en México.
En conferencia de prensa, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dio lectura al documento conjunto de los diferentes organismos empresariales, en donde advirtió que los datos más recientes de la seguridad y la percepción ciudadana preocupan y ocupan, porque afectan la vida cotidiana de todos.
“Por ello, urgimos al Congreso de la Unión a aprobar una ley de seguridad interior que le brinde certidumbre jurídica al accionar de nuestras fuerzas armadas”, un tema que debe ser puesto nuevamente en el interés de la agenda nacional, señaló.
De acuerdo con los empresarios del país, el costo de la inseguridad supera hasta siete veces las cifras oficiales, por lo que consideran que éste representa hasta el 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Refirieron además que según la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública de INEGI, en 2015 hubo una disminución de la incidencia de delitos en el país.
Sin embargo “hay indicadores que nos deben hacer reflexionar profundamente sobre la urgencia de redoblar el paso, porque la seguridad es un problema cotidiano que se deber enfrentar”.
Exponen que el nivel de delitos no denunciados o integrados en averiguación previa fue de 93.7 por ciento a nivel nacional durante 2015, mientras que un año anterior fue de 92.8 por ciento.
Los costos de la inseguridad son altos, argumentan, y afectan la competitividad y según el INEGI, el costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y del delito en 2015 es de 236 mil millones de pesos, equivalentes al 1.25 por ciento del PIB.
“Y si agregamos lo que la pequeña y mediana empresa invierte en el país, los estimados representan cerca de 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto”.
Al reconocer que hay avances en algunos rubros, los empresarios lamentaron que se hayan incrementado en diversas zonas del país delitos como robo a transporte, movilizaciones, linchamientos y bloqueos de mercancías.
“No solamente se trata de señalar nuestra preocupación por la seguridad, se trata de señalar nuestra preocupación por la gobernabilidad”, argumentaron.

Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto