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Empresarios demandarían a Fonatur por caso Tajamar

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Empresarios dueños de predios en Malecón Tajamar demandarían al Fonatur, entre otras razones, por las pérdidas millonarias que han tenido que enfrentar ante la imposibilidad de iniciar con las obras proyectadas en la zona donde se encontraba el manglar Tajamar, mismo que hoy es motivo de discusión y controversia a escala nacional.

Uno de los posibles demandantes es Francisco Córdova Lira, expresidente de Coparmex en Quintana Roo, quien declaró haber pagado hace casi cuatro años 38 millones de pesos por un terreno de ocho mil 500 metros cuadrados, más casi medio millón de pesos para los permisos que se requieren para la construcción de condominios en la zona.

Además, dijo que si bien el trato original incluía encargarse del desmonte y del rescate de la fauna, el Fonatur reunió a todos los desarrolladores para que firmaran un convenio en el que aceptaban que fuera precisamente el Fondo el que se encargara del traslado de las especies animales.

En torno a la suspensión provisional que recientemente otorgó el juez segundo de Distrito para detener la remoción de la vegetación y el inicio de cualquier tipo de obra, el empresario cancunense comentó que sigue de cerca la información al respecto, que incluso está en contacto con el área jurídica del Fonatur y que no se prevé cancelación de las obras pactadas.

Será la próxima semana cuando el juez determine si otorgará una suspensión definitiva. De cancelar las obras, Fonatur deberá responder a una millonaria demanda, pues los 22 inversionistas coinciden en que requerirán la devolución de su dinero con los respectivos intereses y una suma no determinada al momento por los daños que esta controversia ha causado a sus empresas.

En julio de 2005, la Semarnat otorgó al Fonatur la autorización en materia de Impacto Ambiental para el desmonte de 49 hectáreas de manglares y selva baja en el predio conocido como Malecón Tajamar. La autorización tiene validez hasta febrero de 2016.

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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