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Empresarios dicen ‘no’ a acuerdo económico de Peña

Organismos empresariales criticaron el plan económico anunciado este lunes por Enrique Peña Nieto, y con el cual, se buscan mitigar los efectos del alza de las gasolinas, aunque los banqueros están de acuerdo con el proyecto.

El plan económico, anunciado este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto y con el que se buscan mitigar los efectos del alza en las gasolinas, ha dividido las opiniones entre los sectores empresariales y bancario.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló, a través de un comunicado, que no firmará el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Agregó que la actual situación de México exige un amplio acuerdo y consenso de todos los sectores sociales y no se construye en tres días.

«El gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso», argumentó en un comunicado.

La Coparmex detalló que esta negativa no significa que esté en contra del gobierno ni de quienes suscriben el acuerdo; sin embargo, quiere que el pacto sea en favor de los mexicanos y no de intereses personales.

«Ya en el pasado, en el último pacto del año 1995, la Coparmex ha dado testimonio con la abstinencia de su firma, de la inviabilidad de los acuerdos que no resultan de un verdadero diálogo social. Que se hacen apresuradamente y cuyos efectos son muy limitados», argumentó el organismo.

La Coparmex informó a Expansión que este martes ampliará su postura al respecto en una conferencia de prensa.

También, los pequeños negocios de la Ciudad de México criticaron que, como parte de dicho plan, el gobierno intensifique las revisiones y sanciones contra los comerciantes, en lugar de optar por una ruta de acción que resuelva la situación económica del país.

«Consideramos que es necesaria la vigilancia de la actividad comercial para protección del consumidor, pero ésta debe escalar más allá de los minoristas e intensificar sus acciones en la cadena productiva y de distribución», informó la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) en un comunicado.

La Canacope rechazó que se estigmatice al sector comercial minorista y prestadores de servicios, como quienes generen el alza de precios, ya que este sector recibe las mercancías ya con aumentos por el ajuste inevitable que se presenta en el transporte de insumos, en el proceso de industrialización, almacenamiento y el traslado a grandes centros de distribución donde los minoristas se surten.

También pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que sus funcionarios se apeguen a los protocolos establecidos y al marco jurídico durante las inspecciones que realicen a los establecimientos.

«Esperamos que no se busque solamente impactar mediáticamente con sanciones indiscriminadas al sector MIPYME y se olvide vigilar y sancionar a quienes incurran en alza de precios injustificadas, acaparamiento de productos en la cadena productiva y de distribución», apuntó.

Por el contrario, el sector bancario sí respaldó el acuerdo económico confiando en que se procure la estabilidad económica y social de México.

“Estamos seguros que este acuerdo puede ser punta de lanza que permita mantener y ampliar la fortaleza del mercado interno y superar los vaivenes económicos que afectan las economías a nivel mundial”, informó la Asociación de Bancos de México (ABM) en un comunicado.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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