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Empresarios se pronuncian a favor de modernizar plantas tratadoras de agua

Líderes empresariales de Chihuahua se pronunciaron la mañana de este día a favor de la inversión privada en el tema de rehabilitación de las plantas tratadoras de agua, ya que este esquema de participación empresarial absorbería el gasto que tendría que ser cubierto por recurso público.

En rueda de prensa, los presidentes de CANACO y de COPARMEX, Carlos Fierro Portillo y Federico Baeza Mares, respectivamente, así como la directora de CANACINTRA, Gabriela Arredondo, y el Director de Desarrollo Económico de Chihuahua, Sergio Ochoa, dieron a conocer que la inversión que se requiere para la rehabilitación de dos plantas tratadoras de agua en esta capital asciende a los 180 MDP, y se trata de un proyecto a largo plazo en el que se considera su operación y mantenimiento para los próximos diez años, cuyo costo total es de 930 MDP.

Los líderes empresariales enfatizaron que en materia de tratamiento de agua, Chihuahua muestra un retraso de más de 20 años, pues las tecnologías con las que opera dicha tarea datan de la década de los noventas.

En este sentido, la modernización de las plantas es un tema de infraestructura urbana urgente, y el gasto para la modernización tendría que correr por parte de Gobierno del Estado. Sin embargo, por ser un tema que impacta directamente a la competitividad, el sector empresarial se pronuncia a favor de la inversión privada a efecto de que la administración pública no comprometa recursos para este fin, sino que aproveche las alianzas que pueden aportarle a este tema tan sensible para la ciudadanía.

Aclararon que no se trata de privatizar el servicio, y advirtieron que este esquema de inversión no impactaría en las tarifas del servicio de agua potable.

Como algunos de los beneficios de la modernización de las plantas tratadoras de agua, los empresarios señalaron que permitirá sustituir el riego de jardines y uso industrial con agua tratada, y el agua potable que se utilizaba para tal fin destinarla para consumo humano. Se estima que este volumen de agua redireccionado equivale al consumo de 170 mil habitantes.

Cabe señalar que esta propuesta precisa su aprobación en el Congreso del Estado, por lo que los líderes empresariales esperan que sea uno de los primeros temas que aborden los diputados de la nueva legislatura, pues el abasto de agua y su respectivo tratamiento es un pendiente que no puede esperar.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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