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Empresas deudoras del SAT se comprometieron a pagar 15,000 millones de pesos

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que después de enviar un listado con las 15 empresas que adeudan al fisco federal 50,000 millones de pesos a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, algunas de ellas ya se han puesto en contacto con el Servicio de Atención Tributaria (SAT) para saldar sus cuentas.

“Cuando se dio a conocer que había enviado la carta de las 15 empresas que deben, según el SAT, 50,000 millones de pesos, algunas se han acercado, han llegado a revisar cuentas y hasta ahora se tiene un compromiso de que van a pagar 15,000 millones”, comentó el ejecutivo federal.

Sin embargo, no mencionó los nombres de las empresas, porque “legalmente no está permitido y además no es conveniente por cuestiones de ética y de humillación, pero de esas 15, algunas dijeron ‘no, vámonos al pleito’”, detalló el presidente de México.

Respecto a quienes se han negado a pagar, advirtió que contra ellos se procederá a través de querellas, así como de las denuncias correspondientes. Además, apuntó que este tipo de situaciones solían arreglarse a partir del “influyentismo (…) En esos casos se va a proceder legalmente tanto en la vía civil como en la vía penal, de acuerdo a lo que se trate».

“Se está haciendo una gestión de conciliación, de convencimiento para algunas empresas que tienen adeudos y que tienen posibilidad de pagar (…) No descartamos que sigamos cobrando a los que tienen y deben. Esto nos puede permitir seguir bajando recursos a la gente que más lo necesita”, puntualizó.

Además de los 15,000 millones, López Obrador mencionó que pronto podría pactarse el pago de otros 10,000 millones, mismos que ayudarían a financiar un nuevo millón de créditos a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), el cual será distribuido a las compañías que no han despedido trabajadores ni recortado salarios ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Los nuevos créditos “bajo palabra” para las empresas solidarias serán de 25,000 pesos, los cuales les serán entregados de manera electrónica a partir del 4 mayo. “Comenzamos lo electrónico para que no se afecte la regla y no haya mucha concentración en las sucursales bancarias”.

Asimismo, en el caso de obtener 25,000 millones de pesos, apuntó el presidente desde la semana pasada, podría analizarse la posibilidad, «de acuerdo a la ley, de quitar recargos, multas, por ejemplo, si legalmente es posible. Lo que ya no se puede hacer es la condonación, eso está prohibido, eso no lo puede hacer nadie, ni el presidente”.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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