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México

En 10 años, mueren seis ex secretarios panistas

Con la muerte de Juan Molinar Horcasitas, el Partido Acción Nacional (PAN) se vistió nuevamente de luto al perder a uno de sus más representativos militantes, además de secretario de Estado durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los blanquiazules han tenido que enfrentar la pérdida de seis de sus más destacados miembros, que dirigieron dependencias federales durante los doce años en los que el PAN ocupó la Presidencia de la República.

En los últimos 10 años, han sido seis los ex integrantes del gabinete, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que han fallecido; tres de ellos en accidentes aéreos y el resto por enfermedad. Todos ellos perdieron la vida a temprana edad y en la cumbre de su carrera política.

La muerte de Molinar Horcasitas, a sus 59 años, derivada de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía, enlutó a los militantes del Partido Acción Nacional, quienes describieron al otrora titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), cómo un hombre comprometido con la democratización del país y con el fortalecimiento del PAN.

Sin embargo, más allá de la muerte del también ex vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, el albiazul ha tenido que superar la pérdida de otros cinco destacados integrantes, a quienes en su momento también se les reconoció por sus destacadas aportaciones al país y a esa fuerza política.

Al deceso de Molinar Horcasitas, antecede la sentida defunción del ex titular de la Secretaría de Educación Pública  en el gobierno de Felipe Calderón, Alonso Lujambio Irázabal, quien falleció a los 50 años el 25 de septiembre del 2012, cuando fungía como senador de la República. Lujambio falleció también por enfermedad, a causa del cáncer de médula ósea que lo aquejaba desde 2011.

En otro caso, el 11 de noviembre de 2011, Francisco Blake Mora falleció a los 45 años por causas diferentes. El entonces secretario de Gobernación perdió la vida luego de que el helicóptero en el que se trasladaba, con rumbo a Morelos, se estrelló en una zona boscosa de Chalco, Estado de México. En aquel accidente perecieron otros siete funcionarios.

Anterior a él, Carlos Abascal Carranza falleció, a los 59 años, el 2 de diciembre del 2008; el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ex secretario de Gobernación de Vicente Fox perdió, al igual que Lujambio, la batalla contra el cáncer de estomago.

Juan Camilo Mouriño, al igual que Francisco Blake, murió al desplomarse la aeronave en que se transportaba, en este caso un avión Learjet 45 matrícula XC-VMC. El funcionario volaba de vuelta a la Ciudad de México luego de una gira de trabajo por San Luis Potosí. El día del accidente fue el 4 de noviembre de 2008; el político falleció a sus escasos 37 años.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública federal durante la presidencia de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta, falleció a los 48 años el 21 de septiembre de 2005, al precipitarse el helicóptero en que viajaba. El helicóptero tipo Bell 412-EP matrícula XC-PFI se estrelló en el municipio de Xonacantán, en Estado de México, cuando regresaba de abanderar a custodios del penal de máxima seguridad de La Palma, antes Almoloya.

24 Horas

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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