Pese a que en los últimos años se ha incrementado el número de agresiones sexuales, el gobierno no cuenta con información exacta que le permita crear una estrategia de prevención, ni mucho menos castigar dicho delito, que entre sus principales víctimas tiene a las mujeres.

Pero, además, los agentes del Ministerio Público (MP) que atienden ese tipo de casos lo hacen de manera “misógina”, “con estigmas”, sin la posibilidad siquiera de que la víctima sea ayudada psicológicamente, aseguró la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Laura Martínez Rodríguez.

Al presentar el Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que muestra las estadísticas de los últimos cinco años, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochin del Rincón, reconoció que la impunidad en ese ilícito es “de grandes dimensiones”.

Y los números son alarmantes: “La cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 1.4 millones en la mitad de entidades federativas. Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el periodo 2010-2015 fue de 2.9 millones, esto es, casi 600 mil delitos sexuales anualmente”, apunta el estudio.
Lo peor, agrega, es que se trata de delitos de abuso sexual (incluidos abuso sexual agravado, abuso sexual infantil, corrupción, estupro, explotación de personas con discapacidad y de menores, e incesto) y violación (violación agravada, impropia, equiparada, tentativa, tumultuaria, a menor de 14 años y por dos o más personas), que son los que concentran el mayor número de averiguaciones previas, con un total de 56 mil 227, y representan 67.4% del total de averiguaciones por delitos sexuales.

En otra perspectiva, por cada mil delitos sexuales que se denuncian, sólo 10 agresores son consignados. Las demás víctimas pasan al limbo de la impunidad y del encierro ante la desconfianza hacia las autoridades y el miedo a futuras agresiones.

De hecho, el tema es ocultado por las propias autoridades, ya que al momento de recabar información para el estudio, instituciones como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social declararon tener “pocas” denuncias o notificaciones de abuso sexual en escuelas o lugares de trabajo. Peor aún, se fueron por la fácil y aseguraron que “al no tener quejas o denuncias, no existen estos delitos”.

Lo cierto es que en todos los niveles de gobierno prevalece el caos en la denuncia y atención a este problema. A decir de la directora general adjunta de Equidad de la Secretaría de Salud, Aurora del Río, cuando una mujer acude a un hospital por lesiones causadas por violaciones, los doctores no logran notificar al MP el grado de agresión hacia las víctimas.

“Hay muchas resistencias de notificación por parte de las autoridades”, aseguró.

Aunque las estampas de estas agresiones son cada vez más seguidas, a plena luz del día, en cualquier lugar de la calle y a cualquier persona, las autoridades mexicanas no tienen una brújula que oriente una política de prevención, castigo a los agresores y cuidados posteriores a las víctimas.

Vanguardia