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En caso Bill Cosby, testifica principal acusadora

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La mujer en el centro de atención en un caso contra Bill Cosby tiene previsto subir al estrado el viernes en el tribunal de Pensilvania, donde previamente acusó al cómico de drogarla y agredirla sexualmente hace más de una década.

Cosby, que interpretó el encantador papel de padre en el programa «The Cosby Show», se encuentra por segunda vez en un juicio en Norristown acusado de agresión sexual agravada a una examiga y compañera, Andrea Constand, de 45 años.
En total, unas 50 mujeres han acusado a Cosby de abusos desde hace décadas. Excepto el caso de Constand, el resto eran demasiado antiguos para ser juzgados, y el primer juicio del actor se declaró nulo en junio pasado debido al estancamiento del jurado.

El cómico de 80 años ha negado los cargos, afirmando que todo contacto sexual fue consensuado. Sus abogados han retratado a Constand como una cazafortunas.

«Basándonos en los testimonios escuchados hasta ahora, el señor Cosby no debería ser declarado culpable de ningún cargo», dijo el jueves el portavoz de Cosby, Andrew Wyatt.

En el primer juicio, Constand dijo que conoció a Cosby a finales de 2002, cuando la acababan de contratar como directora de operaciones de baloncesto para el programa de baloncesto femenino de la Universidad de Temple, y él era administrador universitario y el alumno más famoso de la escuela de Filadelfia.

En enero de 2004, Constand dijo que Cosby la invitó a su casa para hablar sobre sus opciones de carrera. Aquella noche, él le ofreció tres pastillas azules, diciendo que eran sus «amigas».

Constand dijo al tribunal que ella tomó las pastillas, ya que Cosby le prometió que le ayudarían a «relajarse». Las pastillas le hicieron sentir «congelada» e incapaz de poner resistencia, declaró.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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